Estiman necesario que Panamá cuente con ley contra lavado de activos
Ciudad de Panamá, 22 ene (Prensa Latina) La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Ccciap) estimó hoy como necesaria la existencia de la llamada ley de extinción de dominio de bienes ilícitos que permita enfrentar el lavado de activos.
En un comunicado, la Ccciap recordó que el proyecto legislativo permanece en la Asamblea Nacional (parlamento ) desde abril de 2021 e instó a un debate abierto y franco.
La agrupación que reúne a más de 150 empresas del sector privado señaló en su mensaje que Panamá ha venido contribuyendo de manera sostenida en la lucha contra el blanqueo de capitales, y alabó el estudio y evaluación de toda iniciativa que ayude a reducir este flagelo tanto a nivel nacional como internacional.
Al respecto, llamó a una discusión integral de la propuesta presentada por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, a nombre del Gobierno, con la participación de todos los actores.
Para la Ccciap se trata de contar con un documento de consenso acorde a la Constitución, que cumpla con el objetivo de combatir las actividades derivadas del crimen organizado en todas sus manifestaciones.
La Jurisdicción de Extinción de Dominio es una de las herramientas utilizada internacionalmente para bloquear el acceso de organizaciones criminales para financiar el delito en los países; ya que coarta su funcionamiento; al tiempo que, el dinero incautado podría ser destinado para el resarcimiento de las víctimas y a su vez para obras que necesita la población. añade el texto.
La Cciap enfatizó que no solicita una sanción ciega de este Proyecto de Ley, pero si el análisis, discusión y modificación del documento actual con el fin de contar con un instrumento legal que ponga nueva cortapisa a la corrupción.
La iniciativa, con diversas modificaciones, aún permanece en discusión en el Legislativo en manos de una subcomisión técnica, lo que algunos observan como un obstáculo a una herramienta necesaria para debilitar las operaciones del crimen organizado.
Para el secretario del Ministerio de Seguridad, Jonathan Rigss, la redacción entre lo presentado en 2021 y lo que se discute actualmente no ha cambiado; y subrayó que el catálogo de delitos que permiten una acción de extinción de dominio abarca todos los contemplados en el Código Penal.
Esto incluye la corrupción, además de otros delitos comunes, con carácter retroactivo, pero el tema se ha tornado espinoso y polémico, porque según la apreciación de algunos diputados y abogados, el asunto se convierte en un debate político en lugar de analizarse como un instrumento operativo que complementa las faltas del sistema penal, remarcó.
En ese sentido, Rigss señaló que el organismo de seguridad apuesta a que la discusión se centre ahora en los delitos de narcotráfico y crimen organizado como respuesta a los reclamos de los diputados que alegan sobre el conflicto que puede causar su redacción con la función que debe tener el Tribunal de Cuentas y el respeto a la propiedad privada.
