La Fiscalía afirma que el diputado incrementó su riqueza y que por medio de una restructuración de fondos cometió el lavado de dinero y activos.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó ayer ante la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador al diputado desaforado, Alberto Armando Romero Rodríguez, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. Según el fiscal de la unidad especializada de lavado de dinero y activos, en la acusación establecieron que el diputado incrementó su patrimonio y realizó blanqueo de capitales por medio de una restructuración de fondos. “Se han analizado diferentes productos financieros del señor Romero Rodríguez y de su grupo familiar, pudiendo concluir y confirmar que efectivamente existe un incremento patrimonial y que, posteriormente, por medio de una reestructuración de fondos ha blanqueado capital”, afirmó el fiscal. Durante la solicitud de desafuero ante la Asamblea Legislativa, el pasado 23 de agosto, la Fiscalía dijo que Alberto Romero se habría enriquecido y lavado la cantidad de $1,162,388.05, partiendo de depósitos no justificados detectados en sus cuentas bancarias, además de movimientos financieros de su esposa y su hija. De acuerdo a la Fiscalía, Romero movilizó, hasta el año 2022, un total de $401,835 con origen desconocido y abonó en cuentas bancarias un total de $901,993.81, cuando recibió en concepto de remuneraciones al menos $500,158.81. Los movimientos financieros habrían sido entre el 1 de mayo de 2009 y 31 de diciembre de 2022. En la acusación presentada en la solicitud de desafuero estaba incluida la esposa de Romero, Ana Lourdes Olmedo de Romero y a su hija, Lourdes Gabriela Olmedo, sin embargo, la Fiscalía no informó ayer si ratificó esa imputación de “titulares pasivas de la acción de enriquecimiento ilícito” contra ellas. A la presentación del requerimiento de acusación no fue trasladado el diputado Alberto Romero, ni tampoco la prensa fue informada de la diligencia judicial.
La condena.
La acusación penal contra Alberto Romero nació, luego que el 14 de agosto, en un juicio civil la Cámara de Segunda Instancia de la Sección del Centro, de Cojutepeque, lo encontró culpable por enriquecimiento ilícito de $445,766.05, y también lo inhabilitó por diez años a ejercer cargos públicos. En ese proceso, la esposa y su hija fueron exoneradas del proceso, tras desvirtuar la demanda por incremento patrimonial.
Su captura.
Alberto Romero fue arrestado el pasado 23 de agosto, supuestamente por el delito de resistencia agresiva, y estuvo retenido en la Asamblea Legislativa mientras el pleno desarrolló el proceso de desafuero; sin embargo, se desconoce si en el requerimiento se le ratificó este delito. El fuero constitucional fue retirado hasta el 1 de septiembre con 78 votos a favor, dando paso para ser procesado por los delitos antes mencionados. Su captura oficial por los delitos acusados fue realizada ese mismo 1 de septiembre, en la noche, y puesto a orden de la Policía Nacional Civil, que hasta la fecha se desconoce el lugar en donde guarda detención. La Cámara aún no ha dado fecha para la audiencia inicial.
