El trabajo investigativo liderado por un fiscal de la Seccional Quindío de la Fiscalía General de la Nación permitió judicializar a cuatro personas, presuntamente, responsables de hurtar una millonaria suma de dinero de una empresa quindiana.
Se trata de Pedro David Martínez Villamil, José Luis Núñez Dávila, Claudia Inés Calvo Castro y Eduardo Escalante Padilla, quienes, al parecer, habrían realizado movimientos financieros ilegales con los cuales retiraron dinero de las cuentas de la referida compañía.
Labores de policía judicial evidenciaron que el 10 de diciembre de 2021 varias personas habrían ingresado remotamente a los equipos de la empresa afectada y mediante el uso de información privada como números de identificación, claves, credenciales y códigos lograron acceder a distintos productos financieros.
La suplantación de los verdaderos propietarios de las distintas cuentas les habría permitido a los cuatro judicializados realizar varias transacciones a productos financieros de entidades bancarias con sede en Cartagena (Bolívar) a las cuales habrían transferido más de 55 millones de pesos.
Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional en operativos adelantados en Bogotá y Cartagena. Fiscalía imputó a los ciudadanos los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales; acceso abusivo a un sistema informático y transferencia no consentida de activos. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
El juez del caso dispuso que Núñez Dávila deberá permanecer en cárcel; mientras que Martínez Villamil y Escalante Padilla; lo harán en su lugar de domicilio. Claudia Inés Calvo afrontará el proceso en libertad.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
