La Fiscalía demandó civilmente a Medardo González y su grupo familiar por un monto mayor a los $153,000.
La Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador instaló la mañana de este lunes 8 de enero, la audiencia probatoria en contra del exdiputado del FMLN, Medardo González Trejo, en el caso que es demandado civilmente por la Fiscalía General de la República (FGR) por 12 irregularidades, supuestamente cometidas mientras fungió como diputado.
La representación de la Fiscalía lo demandó a él, a su esposa y a sus dos hijos por supuestamente enriquecerse ilícitamente entre los años 2012 al 2018. El monto por el cual supuestamente hubo un enriquecimiento fue por más de $153,346.
Entre las 12 irregularidades que, según Fiscalía, el núcleo familiar no ha podido justificar se encuentran transferencias de fondos internacionales, depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito y adquisición de bienes inmuebles.
De estos a González Trejo, le atribuyen que en sus dos períodos como diputado desde el 1 de mayo de 2012 al 30 de abril del 2015 y del 14 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018, le señalan únicamente dos irregularidades al no haber podido justificar el pago de tarjetas de crédito por un monto de tres mil dólares.
Por su parte, a su cónyuge, Sonia Ernestina Paredes de González, la Fiscalía le atribuye siete irregularidades en concepto de depósitos bancarios y pagos de tarjetas de crédito por más de $70,505.
Mientras que a Medardo Romeo González Portal, uno de sus hijos, según la representación fiscal tampoco pudo justificar la adquisición de un inmueble por la suma de $70,000. A Luis Antonio González Portal, el segundo hijo también le señalan dos irregularidades vinculados a depósitos en efectivo por pagos realizados de un préstamo bancario por un monto de $8,948.
El exdiputado y exsecretario del FMLN rindió su declaración durante la audiencia y dijo que mientras fungió como legislador percibía un salario por más de $4,000.
“Normalmente lo que hacíamos con mi esposa era revisar las cuentas, las deudas por pagar y normalmente le entregaba a mi esposa estos fondos y me quedaba con alguna cantidad que me servía para mis gastos personales, gasolina, comida fuera de la casa”, mencionó González.
Además, el exdiputado aseguró que desde el partido también percibió un salario de $1,500 al mes cuando solicitaba permiso en la Asamblea Legislativa.
Durante los alegatos finales, la Fiscalía sostuvo que han comprobado el enriquecimiento ilícito y que existe un aumento patrimonial no justificado por parte del exfuncionario y su familia.
