Hernán López está acusado de sobornar a Conmebol para mantener los derechos de televisación.
Este martes dos empresarios de Fox y de la compañía argentina Full Play comenzarán a ser juzgados en Nueva York en el marco del FIFAgate. El argentino Hernán López y el mexicano Carlos Martínez, ambos de nacionalidad estadounidense y en libertad condicional, deberán presentarse a declarar frente a la Justicia norteamericana.
Los directivos de Fox están acusados por el presunto pago de sobornos a directivos de Conmebol, para obtener los derechos de TV de los torneos sudamericanos. También se los acusa de haber operado con información privilegiada en las licitaciones de la televisación de los últimos dos Mundiales. Otros dos involucrados en la causa son Hugo Jinkis y su hijo Mariano, dueños de Full Play.
La cadena norteamericana obtuvo todos los derechos de transmisión de manera fraudulenta, según la fiscalía estadounidense. El escándalo conocido como FIFAgate obligó a renunciar a múltiples directivos de la federación mundial de fútbol, entre ellos su expresidente Joseph “Sepp” Blatter. Sobre los acusados, la Justicia de Estados Unidos los investiga por “pagar, facilitar sobornos anuales y ocultar otras comisiones ilegales”.
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Si bien López declaró que no es culpable, el tribunal le impuso una fianza de u$s 15 millones con una restricción domiciliaria de 22:00 a 06:00 del día siguiente. Además, el empresario debió prescindir de su pasaporte por el tipo de delitos de los que se lo acusa. El argentino podría sufrir penas de hasta 20 años de prisión, según el pedido de la fiscalía.
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El total de ilícitos asciende a 90 y la fiscalía estadounidense busca condenar a 45 funcionarios y empresarios que aceptaron sobornos de más de 200 millones de dólares. De todas esas personas, 27 se declararon culpables, aunque cuatro ya fallecieron y otros ya recibieron su sentencia.
Cuatro empresas asumieron su responsabilidad, mientras que otras cuatro compañías realizaron acuerdos o decidieron pagar multas. Además de los torneos continentales, la Justicia norteamericana acusa a las federaciones por la adjudicación ilegal de las sedes de los Mundiales 2018 y 2022.
