En el informe de la auditoría al Ibal, se esclarecen varios menesteres que quedaron referenciados por la Contraloría Municipal de Ibagué. Aunque se esclarecen varias observaciones y se destaca el rendimiento de la empresa, aclaran que todavía existen trece hallazgos de índole penal, administrativa, fiscal y disciplinaria.
La Contraloría Municipal de Ibagué (CMI) practicó una auditoría al Ibal, con vigencia al año 2021, en donde se consignan algunas disposiciones respecto a los estados financieros de la entidad, su presupuesto y aristas de su gestión.
Dentro de los hechos relevantes consignados en informe de auditoría del ente de control fiscal, establecen que la empresa ha mostrado un balance positivo en materia de gestión fiscal durante el periodo de inspección, además de mejoramientos internos producto de la gestión de la Alcaldía de Ibagué.
No obstante, la CMI sostuvo algunos reparos frente a 13 consideraciones que están consignadas dentro de los hechos relevantes del informe, al margen de algunas incorrecciones materiales que fueron ratificadas, luego de las réplicas de la entidad.
Entre las más relevantes, destacan las debilidades referentes a la calidad de las actividades ejecutadas en contratos de obra pública, en el inicio de acciones de repetición por daños causados al patrimonio de la entidad, en el cumplimiento de acciones establecidas al interior del plan anticorrupción y algunos menesteres de contabilización.
Observaciones de la CMI
Dentro de sus hallazgos, el ente de control fiscal encontró 13 consideraciones administrativas, 6 disciplinarias, 2 penales y 5 fiscales. A su vez, una de las debilidades que recalca la entidad tiene relación con el “desorden administrativo al interior del almacén”, luego de una inspección a los inventarios de la entidad.
Cabe destacar que, dentro de las observaciones fiscales que hace el ente auditor, las posibles incidencias del Ibal ascienden al monto de $968.232.886 pesos.
Uno de los hallazgos más relevantes de la CMI, tiene como fundamento las falencias técnicas en la calidad de actividades ejecutadas en el contrato 126 de 2019, el cual tuvo como objeto la construcción del interceptor y empalme del canal La Argentina entre la calle 92 y 96, asunto que está dentro del Plan de Saneamiento Hídrico de la quebrada Hato de la Virgen. Su detrimento alcanza los $209’126.075 pesos.
Otro hallazgo está sujeto al contrato 164 de 2019 entre Ibal y la contratista Inversiones Cordelca S.A.S., que tuvo como objeto la adecuación y mantenimiento de las oficinas de la calle 15 entre carreras Sexta y Séptima para la instalación de unos paneles de protección solar en el edificio de propiedad del Ibal. El detrimento, que alcanza los $13’897.237, se dio por malas disposiciones técnicas, asunto que la CMI presume que tendría incidencias fiscales, penales y disciplinarias.
El informe también señala otro detrimento que alcanza los $291’958.005 pesos, por incumplimientos a los requisitos legales establecidos por el Ibal para la depuración de cuentas por cobrar, es decir, se presumen irregularidades en el cobro de un usuario deudor, pues fue liberado por un funcionario sin el seguimiento al debido proceso estipulado por la empresa.
Por deficiencias en la gestión de cobro coactivo del Ibal, la CMI señala también un detrimento de $87’444.222 debido a las debilidades del área de cartera en recuperar los rubros por la prestación del servicio público en 16 expedientes que superan los mandamientos de cobro por 5 años.
Por último, dentro de las consideraciones fiscales del ente de control, se suscita otro detrimento de $365’807.347, por presunta omisión para el inicio de acciones de repetición en demandas falladas en contra del Ibal.
Referente al Acueducto Complementario
Respecto a la construcción del ‘anhelado’ Acueducto Complementario, la CMI establece, en primera medida, la necesidad de sacar adelante las fases del proyecto, teniendo en cuenta las constantes intermitencias que hay en el recurso hídrico por fenómenos torrenciales, erosivos, movimientos en masa y avalanchas.
A su vez, la Contraloría también dispone en el informe que, dadas las circunstancias que perjudican la captación del recurso hídrico en sus tres principales bocatomas (Combeima, Cay y Chembe), después de reiniciar la captación, el sistema recupera la presión de su servicio en aproximadamente diez días calendario.
El proceso, que inició en 1997 según la revisión del ente de control fiscal, tuvo múltiples adiciones e intervenciones durante los años siguientes. A la fecha, durante la vigencia 2022, el Ibal ha declarado desiertos dos procesos de selección dispuestos para la puesta en funcionamiento del megaproyecto.
Con anterioridad, el alcalde Andrés Hurtado reseñó que varios de los consorcios y empresas manifestaron su desacuerdo con los precios, en los que impactan situaciones como la pandemia y la alza en el dólar, mismos que obligan a realizar un ajuste presupuestal. Cabe reseñar que el trámite en dos ocasiones se ha publicado por $22.646 millones, por lo que se estima que la cifra incremente.
Dato
Según el ente de control fiscal, por cada peso vendido, el Ibal genera $53 para cubrir gastos operacionales y no operacionales.
Redacción Ibagué
