Tribunales · Es la primera vez que el país centroamericano adopta esta medida, que fue impulsada por el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas
La República de Panamá ha concedido a España la ampliación de la extradición por un delito de tráfico ilegal de armas procedente del blanqueo de capitales a la familia Kokorev –de origen ruso pero nacionalidad española–, que reside en Gran Canaria a la espera de ser juzgada por haber –presuntamente– blanqueado ganancias millonarias obtenidas de vender a Guinea Ecuatorial material militar a precios que incluían «notorios sobrecostes».
Este hito nace del trabajo del fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, quien interesó a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria que reclamara a las autoridades panameñas que incluyeran el tráfico de armas entre los delitos por los que se había acordado inicialmente la extradición de Vladimir Kokorev, su esposa Julia Maleeva y su hijo Igor Kokorev. Estos eran los de blanqueo de capitales procedentes de la malversación de caudales públicos que –supuestamente– ejecutaron desde una cuenta del «petróleo de Guinea Ecuatorial», según detalla el auto de 9 de marzo de 2020 que solicitaba esta medida a instancias del Ministerio Público, recordando a su vez que los acusados ya fueron extraditados y entregados a España por blanqueo.
Se trata de la primera vez en la historia que la República de Panamá concede una ampliación de extradición a España, un trámite que gestionó el Ministerio de Asuntos Exteriores con la presidencia del país centroamericano. El inicio del proceso de ampliación se lo notificaron personalmente a los Kokorev dos funcionarios del Ministerio de Justicia y también de Relaciones Exteriores panameño que se desplazaron hasta Gran Canaria el 23 de marzo de 2022. La responsable de comunicar esta actuación a los tres acusados fue Johanna Aguirre, jefa de asesoría legal internacional del Ejecutivo de dicho país.
Con esta ampliación conseguida por el fiscal Ródenas, ahora se podrían juzgar las presuntas ganancias que los Kokorev obtuvieron también por el referido delito de tráfico ilegal de armas procedente del blanqueo de capitales.
El caso Kokorev está en estos momentos solo a la espera de que sea señalada la fecha de celebración de juicio oral por la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Los hechos
Hay que recordar que la Fiscalía Anticorrupción solicitó ocho años de cárcel y 240 millones de euros de multa para el empresario ruso nacionalizado español Vladimir Kokorev, acusado de haber blanqueado ganancias millonarias presuntamente logradas vendiendo material militar a la Guinea Ecuatorial presidida por el militar Teodoro Obiang con «notorios sobrecostes». El Ministerio Público pedía en total para los seis encausados penas que oscilan entre los cinco y los ocho años de prisión, además de multas que suman los 657 millones de euros.
El Ministerio Público describe a Kokorev como el «jefe de una organización criminal transnacional» dedicada al «comercio corrupto de material militar de defensa y doble uso».
Anticorrupción sostiene que los Kokorev –la acusación también imputa en los hechos a su esposa, Yulia Maleeva, y a su hijo, Igor Kokorev– consiguieron generar «una riqueza ilícita millonaria de, al menos, 120 millones de euros, en el período comprendido entre los años 1999 y 2014», suministrando armas al Gobierno de Obiang.
657millones de euros
es el total de las multas a las que se enfrentan los encausados. El fiscal Ródenas pide ocho años de prisión y el pago de 240 millones de euros a Vladimir Kokorev, por blanqueo de capitales y por dirigir una organización criminal transnacional que negociaba con material militar de defensa y de doble uso. También interesa para su hijo Igor y su esposa Julia Maleeva, seis años de cárcel y una multa de 150 millones para cada uno de ellos. Por el mismo delito, pide para el abogado Juan Arencibia cinco años y medio, multa de 100 millones y una inhabilitación de tres años para ejercer como asesor fiscal y de cinco años para trabajar como intermediario en el sector financiero. También interesa condena para dos de sus hermanas.
En concreto, precisa, esa riqueza «ilícita» se amasó con los negocios que los Kokorev lograron hacer durante el proceso seguido por la Guinea Ecuatorial para dotarse de una Armada.
«Esa actividad, jamás declarada y siempre ocultada», dice la Fiscalía, fue realizada a través de dos empresas panameñas y otra de las Scheychelles.
La acusación también se dirige contra el abogado y asesor financiero grancanario Juan Arencibia, a quien Kokorev contrató en 2004. Según esta parte, urdió un complejo entramado «de empresas pantalla para diluir el rastro del dinero de las operaciones bajo sospecha». Interesa para Arencibia cinco años y medio de cárcel, la inhabilitación para ejercer durante tres años como asesor fiscal y durante cinco como intermediario del sector financiero y una multa de 100 millones de euros.
También pide una pena de cinco años y un mes de prisión y multas de 10 y siete millones de euros, respectivamente, para las hermanas de Juan Arencibia, Margarita y María Luisa, por la labor que ejercieron –presuntamente– para transformar los fondos obtenidos a través de esas operaciones de blanqueo en patrimonio inmobiliario valorado en más de 70 millones de euros.
Este caso Kokorev se instruyó en Las Palmas de Gran Canaria ya que la familia de origen ruso reside en la isla y aquí tenía depositadas las cuentas y titularidades de algunas de las empresas investigadas.
Origen
Las diligencias se iniciaron tras una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España después de que una subcomisión del Senado de los Estados Unidos detectara transferencias por un importe de 26,4 millones de euros desde la denominada cuenta del petróleo del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial en el Banco Riggs de Nueva York a la empresa Kalunga, que era propiedad de los Kokorev. Esta firma tenía una cuenta en la sucursal del Banco Santander situada en la calle Franchy Roca, de la capital grancanaria.
Tras una intensa investigación, Vladimir, Julia e Igor Kokorev fueron detenidos en septiembre de 2015 en Panamá donde estaban realizando negocios después de que se dictase en su contra una orden internacional de busca y captura por el presunto delito de blanqueo de capitales.
Estuvieron un mes en la prisión de la Joya, considerada como una de las más duras de Panamá, hasta que fueron extraditados a España, siendo conducidos ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria que tramitaba la causa.
Los Kokorev estuvieron en prisión provisional hasta enero de 2018 y siempre defendieron su inocencia y que el procedimiento estaba plagado de irregularidades, como así sostuvo su letrado José Antonio Choclán.
La causa fue impulsada por el fiscal Javier Ródenas cuando fue nombrado delegado de Anticorrupción en sustitución de Luis del Río. En un informe inicial de más de 500 folios previo al escrito de acusación, Ródenas detalló las supuestas tramas delictivas que llevaron a cabo los acusados entre los años 1999 y 2014 y que les generaron «una riqueza ilícita» de 120 millones de euros.
