Buscan “pruebas de malversación y ocultación de ingresos en los contratos de transferencia de jugadores”
La Fiscalía portuguesa, conjuntamente con las autoridades tributarias, han llevado a cabo una redada en más de 67 puntos de Portugal, buscando pruebas documentales sobre posible fraude en el traspaso de jugadores.
Se trata de la operación “Penalti”. Los registros se han producido dentro en estadios como Dragão, Da Luz y Alvalade, en clubes como Oporto, Benfica y Sporting de Portugal. Y también, en casa de Alexandre Pinto da Costa, agente e hijo de Pinto Da Costa, presidente del Oporto. También se han producido registros en el domicilio de tres jugadores del Benfica: Gonçalo Guedes, Vlachodimos y Chiquinho. Según medios portugueses, el traspaso de Gonçalo Guedes, del Benfica al PSG y, posteriormente, también del club galo al Valencia CF, es uno de los que está siendo investigado.
Guedes, ahora mismo es jugador de los ‘Wolves’, después de que el club inglés pagase 30 millones de euros fijos más variables al Valencia. Precisamente por eso, la casa de Gonçalo Guedes ha sido objeto de un registro policial por autoridades tributarias, en el marco de la Operación ‘Fuera de Juego’, que sigue su curso en Portugal.
También se han producido registros en los domicilios de dos jugadores benfiquistas, como Vlachodimos y Chiquinho. Las autoridades tributarias investigan el traspaso del portero (2.4 millones al Panathinaikos) y de Chiquinho, que fue fichado procedente del Moreirense, en julio de 2019, por 3,75 millones de euros. Oporto, Benfica y Sporting de Portugal, clubes implicados, han hecho publicos comunicados similares confirmando los registros y poniendo el club a la entera disposición de las autoridades portuguesas.
La Dirección Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) detalló los allanamientos realizados en varios clubes, así como la apertura de nuevas diligencias. Están en juego presuntos delitos de defraudación fiscal calificada, fraude a la seguridad social y blanqueo de capitales, vinculados a la celebración o renovación de contratos laborales deportivos entre 2014 y 2022. Según las autoridades tributarias lusas, podrían existir indicios de ilegítimas ventajas patrimoniales, fiscales y de seguridad social, por un importe global de más de 58 millones de euros.
