El litigio ha sido incoado esta tarde en el tribunal federal, donde el multimillonario alega sobre una docena de estafas por parte de quien fue su mano derecha, la esposa de este y otros familiares
Alegando $189.6 millones en daños por supuestos actos de fraude, malversación, enriquecimiento injusto, entre otras presuntas acciones ilegales, el inversionista estadounidense John Paulson radicó este lunes una demanda contra su exsocio Fahad Ghaffar en el Tribunal Federal.
El recurso legal de 74 páginas detalla 21 causas de acción contra Ghaffar por supuestas estafas y organigramas fraudulentos para desviar dinero de las empresas de Paulson para su propio beneficio y el de amigos y familiares del inversionista de origen paquistaní.
La demanda incluye a la esposa de Ghaffar, Glendaliz Acevedo; su suegro, Glen Acevedo; sus hermanos Amir Ghaffar, Saira Ghaffar y Farah Vayani; y su asistente personal, Nerissa Aponte, así como múltiples entidades corporativas asociadas al demandado y sus parientes. Todos operaban, según la demanda, como una “empresa criminal” bajo la Ley federal de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión Criminal (RICO Act, en inglés).
“La avaricia de Fahad corrompió las decisiones comerciales que se suponía debía tomar en beneficio de Paulson, traicionando la confianza que Paulson había depositado en él con sorprendente facilidad. También aprovechó su autoridad para ocultar sus planes a Paulson y asegurarse de que sus propios subordinados nunca cuestionaran sus decisiones. Fahad y sus cómplices operaron bajo el radar de Paulson durante años hasta que fueron descubiertos cuando Fahad se fue de vacaciones durante dos meses en su yate, recientemente adquirido, en el Mediterráneo”, reza el documento.
De acuerdo con la demanda, las alegaciones contra Ghaffar son el resultado de una investigación interna sobre la gestión del inversionista, quien en el 2013, comenzó a trabajar como analista de Paulson para luego convertirse en la mano derecha del multimillonario cuando se trataba de los activos del Grupo Paulson en Puerto Rico.
Ghaffar fue despedido el pasado 31 de julio de las empresas de Paulson en la isla.
Entre los hallazgos de la pesquisa interna, que ahora son detallan en la demanda, figuran la supuesta malversación de activos corporativos por parte de Ghaffar para financiar un “estilo de vida extravagante”, tanto para él como para su esposa, así como el presunto desvío de negocios para su beneficio y el de algunos miembros de su familia, particularmente sus hermanos Amir, Saira y Farah.
Según la demanda, junto a sus hermanos y esposa, Ghaffar supuestamente creó o alentó a crear diversas entidades corporativas que venderían servicios o bienes a las empresas de Paulson.
A través de tales estructuras, reza la demanda, Ghaffar y/o sus allegados supuestamente inflaron el costo de los bienes y servicios proporcionados por estos a las empresas de Paulson, lo que tuvo el efecto de aumentar las comisiones que recibían, al tiempo que presuntamente, desvió dinero y otros beneficios “a sus cómplices y entidades pantalla” sin que hayan rendido algún servicio a las empresas del inversionista estadounidense en la isla.
Ghaffar, según la demanda, también habría ideado y ejecutado esquemas fraudulentos de índole fiscal y de seguros, los que habría logrado articular extorsionando a terceros, así como a través de la creación de una organización benéfica falsa.
Además de las supuestas violaciones a la ley federal RICO, las alegaciones de Paulson, podrían representar violaciones a la Ley de Corporaciones de Puerto Rico y el Código Civil de Puerto Rico.
Ante este escenario, a tenor con la demanda, Ghaffar representa un “riesgo de fuga”, ya que supuestamente ha planificado huir de Puerto Rico y ubicarse en otra jurisdicción fuera de Estados Unidos.
Concretamente, según el recurso, “Fahad ha estado solicitando a las autoridades pertinentes en Antigua la ciudadanía para poder moverse libremente hacia y desde Antigua”.
La supuesta magnitud de la estafa
Por su parte, al confirmar la demanda, la abogada y ex fiscal federal María Domínguez, quien es parte del equipo legal de Paulson, sostuvo que los $189.6 millones totalizan los daños que supuestamente sufrió Paulson.
Sin embargo, no descartó que la cifra sea mayor, ya que los peritos contratados por Paulson continúan la pesquisa en todas sus compañías.
“Seguimos investigando la conducta de Fahad y seguimos haciendo nuestras gestiones para poder descubrir alguna conducta que pueda ser dañina para Paulson o potencialmente delictiva”, expresó Domínguez.
Por su parte, Martin Russo, abogado de Ghaffar dijo que la demanda fe Paulson “es un truco publicitario”. “El hecho de que Paulson comience su exposición con Civil RICO demuestra la debilidad de sus acusaciones y la incapacidad de probar cualquier mala conducta real. Esperamos desarmar su demanda y reivindicar Ghaffar y a su familia”, agregó Russo.
Mientras, José Andreu Fuentes, también abogado de Ghaffar dijo que “las alegaciones hechas en esa demanda son falsas y nos reiteramos en que así quedará demostrado. Lamentablemente el papel aguanta lo que sea”. “La realidad es que esas alegaciones son hechas con el único propósito de desviar la atención ante los serios reclamos legales de Ghaffar en contra de Paulson y ante el hecho de que este no tiene defensas válidas ni sostenibles para no pagar lo adeudado a Ghaffar. Nos asisten las pruebas y la verdad y dilucidaremos todos los detalles dónde corresponde, en los tribunales”.
La acción legal de Paulson se produce a menos de una semana de que el multimillonario solicitó a la juez de distrito federal Camille Vélez la desestimación de la demanda que Ghaffar entabló en su contra a inicios de septiembre por supuesto fraude y engaño.
En el recurso legal incoado por Ghaffar, el empresario alegó que Paulson utilizó un fideicomiso familiar de 2009 para inducirlo a invertir $17 millones en la entidad F40 LLC, dueña de una red de concesionarios de autos de lujo en Puerto Rico. Como parte de la transacción, Ghaffar recibiría una nota convertible al 50% de la participación de la compañía, que supuestamente nunca recibió.
Sin embargo, Paulson alegó en su contestación que la demanda de Ghaffar no tiene mérito, ya que “no hubo fraude, engaño, mala conducta ni tergiversaciones”. Por el contrario, según la moción de Paulson, Ghaffar “hizo acusaciones falsas” para llamar la atención en medio de los señalamientos de fraude en su contra.
Al tiempo que los exsocios se demandan mutuamente en el Tribunal Federal, ambos también están enfrascados en un litigio a nivel estatal, luego de que Ghaffar radicó una demanda contra Paulson en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por un supuesto “golpe de estado corporativo”.
A grandes rasgos, Ghaffar asegura que Paulson usurpó su participación en la entidad V12 Land LLC, que compró los terrenos donde ubican los concesionarios de autos de lujo que pertenecen a Paulson.
Según el recurso legal, Ghaffar -a través de la entidad Better Puerto Rico- es titular del 50% de las acciones de V12 desde 2022, luego de que realizó una supuesta aportación inicial de $3.2 millones a la compañía.
La demanda sostiene que “en las pasada semanas, Paulson PRV Holdings, LLC, ha intentado agenciarse ilegalmente el control corporativo de V12, tomando decisiones unilaterales sin contar con, y ni siquiera notificar, a su codueño Better Puerto Rico”.
El juez a cargo del caso, Anthony Cuevas Ramos, fijó una vista para mañana, martes, para atender la petición de un injuction estatuario, de manera tal que la controversia se resuelva de manera expedita.
