Menos de una semana después de dejar la Presidencia de Guatemala, Alejandro Giammattei enfrenta la prohibición de ingresar a EE. UU. por acusaciones de corrupción durante su mandato (2020-2024). La medida, respaldada por “información creíble”, se extiende a sus hijos. Giammattei, ahora diputado del Parlamento Centroamericano, goza de inmunidad.
Solo pasaron tres días desde que Alejandro Giammattei salió del cargo de presidente de Guatemala y ya se enfrenta a sanciones por parte de Estados Unidos. El país norteamericano prohibió este miércoles 17 de enero la entrada a su territorio al ahora exmandatario debido a acusaciones de corrupción.
La decisión la dio a conocer el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, que aseguró en un comunicado que EE. UU. tiene “información creíble” que indica que el expresidente “aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas” durante su mandato (2020-2024). Unas acciones que considera, “socavaron el Estado de derecho y la transparencia del Gobierno”.
El comunicado también señala que “Estados Unidos ha dejado claro que apoya a los guatemaltecos que buscan que los representantes corruptos rindan cuentas”.
Tras la decisión, Reuters intentó comunicarse con el exmandatario, que hasta el momento no se ha pronunciado. El que sí reaccionó fue el recién posesionado Gobierno de Bernardo Arévalo, quien juramentó como presidente el domingo.
“El Gobierno del presidente Arévalo es respetuoso de las decisiones del Gobierno estadounidense y de los criterios que considera para la inelegibilidad de los ciudadanos guatemaltecos”, dijo un portavoz oficial para la agencia de noticias.
La decisión de sancionar al exmandatario llega tres días después de que Arévalo llegara al poder después de una posesión marcada por un largo retraso debido a los intentos del anterior Congreso de obstaculizar la llegada del nuevo Gobierno.
Los otros implicados en las medidas de Estados Unidos
La decisión tomada por Estados Unidos también incluye a los hijos del presidente: Ana Marcela Giammattei, Alejandro Eduardo Giammattei y Stefano Giammattei. Ninguno podrá pisar territorio estadounidense.
Por otro lado, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso una sanción económica al exministro de Energía de Guatemala Alberto Pimentel, quien formó parte del gabinete de Giammattei hasta julio del año pasado.
Estados Unidos ha impuesto sanciones por corrupción a más de 400 personas y entidades guatemaltecas, “incluidos funcionarios públicos, representantes del sector privado y sus familiares, por participar en actividades corruptas o socavar la democracia o el Estado de derecho en Guatemala”, según el comunicado de Miller.
Giammattei, protegido por la inmunidad
Aunque Giammattei se enfrenta a medidas al exterior de su país, el expresidente juró como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) para el período 2024-2028. Un nuevo estatus que lo mantiene inmune de cualquier acusación judicial en su contra.
La juramentación se dio de manera virtual el martes 16 de enero. Una ceremonia en la que también se posesionó el exvicepresidente Guillermo Castillo, según confirmaron este miércoles fuentes políticas y medios locales.
El Parlamento Centroamericano es una institución regional que busca promover la integración y la cooperación entre los países de América Central que entró en funcionamiento en 1991. Este surgió del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, firmado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Algunos de los objetivos del Parlacen son fortalecer la democracia, promover los derechos humanos, la paz y la estabilidad en la región.
La corrupción, una constante en Guatemala
No es la primera vez que Giammattei ha estado bajo los reflectores por acusaciones de corrupción. De hecho, fue duramente criticado por no reactivar un organismo de control anticorrupción respaldado por la ONU, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Instaurada en 2007, la Cicig buscaba contrarrestar la constante corrupción que ha presentado el país centroamericano. Fue ese organismo el que descubrió en 2015 una red de sobornos que involucraba al entonces presidente del país, Otto Pérez Molina, quien tuvo que dimitir ese mismo año.
Sin embargo, la Cicig fue expulsada en 2019 por Jimmy Morales —sucesor de Pérez Molina—. Una acción criticada por la comunidad internacional.
Un año antes, en 2018, Consuelo Porras fue nombrada por Morales como fiscal general. Ese nombramiento fue duramente cuestionado por Estados Unidos, que la ha señalado como corrupta. Porras, además, ha sido una de las protagonistas en la persecución judicial a la que se vio enfrentado Bernardo Arévalo antes de posesionarse como presidente.
Guatemala ocupa el puesto 150 (de menos a más) en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional, entre 180 países.
Congreso de Guatemala deberá elegir una nueva junta directiva
El miércoles también se conoció la decisión de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, de demandar una nueva elección de la junta directiva del Congreso de Guatemala. Según argumentó la corte, no se habían seguido los procedimientos. Sin embargo, aseguró que la posesión de Arévalo no se ve afectada.
La medida se derivó de una petición de legisladores opositores —que quedaron por fuera de la junta— , como la diputada Sandra Jovel. Según afirman sus detractores, los ganadores del partido oficialista, el Movimiento Semilla, se integró con diputados que se encuentran suspendidos.
Cabe recordar que el partido del presidente Semilla quedó inhabilitado por una decisión del juez Fredy Orellana.
De acuerdo con Jovel, la suspensión de los diputados del partido de Arévalo nace de una orden penal del 12 de julio de 2023, dictada por Orellana, por el supuesto delito de firmas falsas en la fundación del Movimiento Semilla, en 2018.
