Para la juez sexta penal municipal, con funciones de control de garantías, la mujer no participó de manera directa en el delito.
Una mujer, de 60 años, fue dejada en libertad después de ser capturada por la Policía Judicial del CTI, adscrita a la Fiscalía, y ser señalada por un funcionario del ente perseguidor penal de cometer el delito de lavado de activos por $240 millones entre Panamá y Armenia.
El fiscal 28 de la dirección de la unidad contra el lavado de activos coordinó un allanamiento en la vivienda de la señora, en el conjunto residencial La Aurora de la capital quindiana y su arresto.
El representante del perseguidor judicial también logró que la juez sexta penal municipal, con funciones de control de garantías de Armenia, legalizara la captura y la incautación de un celular, con fines probatorios y no de comiso, por ende, el teléfono —después de que sea analizado y con posibilidades de que su información sea extraída por investigadores del CTI— le será regresado a la propietaria.
Y es que el caso en el que está involucrada penalmente la mujer de 60 años es su supuesta responsabilidad en el delito de lavado de activos con fines de enriquecimiento ilícito a particulares.
Supuestamente, se vio beneficiada de las acciones que presuntamente habría realizado su hermano como gerente financiero de una filial de Terpel en Panamá.
Desde allí, según indicó la Fiscalía en audiencias, el procesado, por estas acciones, contrató en Bogotá a una empresa denominada Lacontec Ltda. para realizar actividades tecnológicas a la filial en la vecina nación.
Pero Terpel, en una auditoría interna, detectó la presunta irregularidad y señaló en uno de sus informes que el hombre habría incumplido con las políticas de contratación de Terpel lo que derivó en la acción penal.
El rastreo de los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, encontraron que, al parecer, el investigado desde Panamá enviaba divisas producto de la compañía petrolera colombiana a Lacontec Ltda. y esta desembolsó entre los años 2011 y el 2014 un total de $240.000.000 a la cuenta personal de la señora para darle legalidad, afectando así el patrimonio de la sociedad, la inflación y la administración pública.
Para el fiscal, la ciudadana sabía de lo que se llevaba a cabo pero, sobre todo, no demostró la legalidad del acceso o desembolso de ese dinero a sus arcas y ante la Dian nunca existió un registro que diera peso a estos movimientos bancarios.
Por esto, además de cumplir el requisito de tener una sentencia mayor a los 90 meses de prisión, la Fiscalía solicitó la casa por cárcel a la ciudadana.
La defensa se opuso a la petición, toda vez que indicó que la mujer no se escaparía del proceso penal, tanto es así que tenía arraigo y trabajo en Armenia, y que no existían las posibilidades de afectar las pruebas que cursan en contra de su hermano en el proceso inicial.
La juez dictó la libertad ya que para ella no existe una prueba que sustente la inferencia razonable de autoría, coautoría o participación en la actividad delictiva transnacional y mucho menos la necesidad de afectar su cuenta de banco ya que, presuntamente, habría sido usada.
La mujer no aceptó cargos en la audiencia de imputación.
