El decreto 93-2021 exige un delito precedente para una acusación de lavado de activos, ahora tardan más las operaciones.
Escasas han sido las operaciones de las diferentes instituciones de la Fiscalía y Policíacontra el lavado de activos, luego de las reformas a la ley que ahora no permite la acusación en contra de un sospechoso si no tiene un delito precedente.
Desde noviembre de 2021 que entró en vigencia la reforma al decreto 93-2021 por los juzgados y tribunales de Honduras han salido en libertad más de 50 personas que estaban vinculadas al lavado de activos, supuestamente proveniente del tráfico de drogas o por acusaciones de corrupción.
Y es que para los agentes de las unidades que persiguen el lavado de activos, las operaciones han disminuido porque ahora tienen que trabajar más en los casos, pues ahora no es el sospechoso que le toca demostrar de dónde obtuvo los bienes asegurados o el dinero decomisado, sino a la Fiscalía.
A los entes investigativos se les dificulta presentar un caso porque comienzan por pedir información a la banca, luego al Instituto de la Propiedad así como a catastro de las municipalidades.
En ese proceso de solicitudes engorrosas a las diferentes dependencia los sospechosos se enteran muchas veces de las investigaciones y comienzan a traspasar bienes a terceras personas.
Reforma
Anteriormente la reforma a la Ley Especial de Lavado de Activos especificaba que “Los sujetos obligados y las personas naturales o jurídicas tenían el deber de permitir a la Unidad de Inteligencia Financiera el libre acceso a todas sus fuentes y sistemas de información para la verificación o ampliación de las informaciones proporcionadas por ellas mismas o cuando esto sea necesario para el análisis de casos relacionados con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.
Con la reforma al artículo 26 establece que “para efectos de investigaciones penales o causas judiciales, la revisión de la información financiera de una persona natural o jurídica solo será autorizada por el juez competente”.
El decreto legislativo 93-2021 para muchas organizaciones ha generado impunidad en los casos que fueron trabajados con investigaciones, pero los sospechosos han logrado salir en libertad por no tener delitos precedentes.
Para otros, como los abogados privados con la reforma se ha garantizado los derechos de las personas, pues se les privaba de sus bienes y nunca les garantizaban su devolución en buen estado, y ejemplo de eso es ahora el mal manejo que hizo la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) que en un informe reciente detalló el daño y las malversaciones que se hicieron.
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Bienes
Se han incautado desde 2003 hasta el 30 de septiembre de 2022, según un informe de auditoría de la Oabi.
Aunque fiscales son del criterio que las investigaciones deben continuar, afirman que la reforma a la ley solo favoreció a delincuentes, por lo que ahora llevará más tiempo en presentar un caso antes un juez con jurisdicción nacional, pues deben verificar mucha información
.Las instituciones que más han realizado operaciones contra el lavado de activos son la Agencia Técnica de Investigación Criminal(Atic) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) con procesos relacionados, sobre todo, con el tráfico de drogas, otras los han hecho en menor número por casos de corrupción. La mayoría ya están con sobreseimiento definitivo.
” “El fortalecimiento al MP y reformas de leyes fueron parte de la agenda del gobierno”. “
Nelson Castellanos, representante de ASJ
Para el abogado Nelson Castellanos, director de seguridad y justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la reforma a artículos de la Ley de Lavado de Activos afectó, pues muchos casos se fueron a revisión y otros quedaron absueltos.
“Con los nuevos casos para demostrar un lavado de activos, debe haber un delito precedente, es decir que el dinero venga de tema de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, de armas o de drogas”, apuntó.
Añadió que de por sí el delito de lavado de activos es complejo, financiero y ahora se tiene que demostrar otro delito y hasta después de avanzar con el lavado.
Indicó que ahora lo que tiene que hacer el fiscal es justificar el delito precedente, acreditarlo como tal y ver que todos los verbos rectores se hayan cumplido y posterior o paralelamente llevar la investigación de lavado de activos.
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Propiedades se han asegurado en la administración actual, en su mayoría de investigaciones de hace varios años.
“Al final del fortalecimiento al Ministerio Público, reforma de leyes eso fue parte de las promesas de campañas del gobierno actual y hasta el momento no se ha visto en agenda que se establezcan ese tipo de reformas”.
Castellanos dijo que es necesario que desde el Congreso se adopten esas medidas para volver a readecuar esas reformas.
René Altamirano, abogado penalista, es del criterio que esa reforma estaba orientada a corregir un problema que antes le aseguraban bienes que estaban relacionados y sin tener ninguna investigación de fondo y con la reforma se buscó el aseguramiento de bienes que tuviera origen en una actividad ilícita.
” “Mientras la Oabi no sirva o no funcione no deben de hacer esa reforma porque causan daño”. “
René Altamirano, abogado penalista
Indicó que el Ministerio Público ha seguido asegurando y deteniendo, “creo que de alguna manera la reforma hizo justicia porque a la gente la privan de sus bienes que son destruidos, se pierden los carros y no hay empresas que sean rentables, así que el sistema que producía la figura como estaba causaba más perjuicios que beneficios”.
Manifestó que la Oabi ha sido un fracaso porque no ha podido administrar correctamente, que luego de que recibían los bienes no pagaban ni los impuestos de las propiedades.
