En su quinto día de allanamientos e incautaciones por parte de la Fiscalía y la División de Lavado de Activos relacionadas a propiedades de Ramírez y con no licenciada Universidad Alas Peruanas evidencia de nuevo la necesidad regulatoria.
La incautación de bienes relacionados con la Universidad Alas Peruanas (UAP) sorprende por sus dimensiones. El ministro del Interior, Vicente Romero, ha dicho por lo pronto que, después de la mafia de Rodolfo Orellana, es el caso más grande de lavado de activos (hay que ver dónde queda en ese ranking el interminable juicio de los Sánchez Paredes).
A la historia le queda todavía mucha tela por cortar. Uno de sus personajes centrales, Joaquín Ramírez, actual alcalde provincial de Cajamarca, es un excongresista que fue secretario general de Fuerza Popular. Esta misma investigación, que muchos creyeron olvidada, fue un golpe definitivo para Keiko Fujimori en la campaña del 2016, y se inició con las declaraciones desde Estados Unidos del expiloto Jesús Vásquez, que señaló que Joaquín Ramírez le dijo que lavó US$15 millones en una cadena de grifos para destinarlos a la campaña de Fujimori. Poco después esta fue derrotada por Pedro Pablo Kuczynki. Y fue entonces, por cierto, que empezó una demencial espiral política de la que el Perú no logra todavía escapar.
Hasta el momento la incautación comprende 295 bienes que incluyen 170 inmuebles, 91 vehículos y 7 avionetas. El monto total ha sido cuantificado en la friolera de US$1000 millones.
El nuevo impulso del caso vino tras la muerte de Fidel Ramírez, quien fuera el mandamás de la UAP y que murió todavía enfrentado judicialmente con su sobrino Joaquín por el control de la Universidad Juan Pablo II. Los dueños de la UAP, la Cooperativa de Servicios Múltiples, que provenía de efectivos de las Fuerzas Armadas, recuperaron el control de la organización, hicieron una auditoría y, entre muchos otros hallazgos, encontraron la confirmación de la historia de los grifos que contó el expiloto Vásquez. Otro detalle es que el comandante de la PNP Luis Vera Llerena, el que dice que le obligaron a tratar con Jorge Hernández Fernández alias “el español”, tenía oficina en el conjunto incautado.
Y este episodio recuerda que la política peruana está disminuida a niveles de desagüe, en parte, porque un grupo de nuevos magnates universitarios se convirtieron en los financistas de los políticos. Universidades que amasaron fortunas aupadas en la gigantesca demanda educativa de los peruanos. Que vendían títulos que no merecían ser llamados como tales y que además fueron centros de lavado de otras actividades ilícitas. El ministro Romero recordó que el origen aquí es el del Caso Ícaro, que fue una investigación de tráfico ilícito de drogas emprendida por la fiscalía.
Para eso se hizo la SUNEDU. Para regular un negocio educativo que se había salido totalmente fuera de control. La UAP estuvo entre las universidades que no pasó por el aro del licenciamiento a pesar de representar una millonada semejante. Y una de las características de la nueva regulación universitaria es que la reinversión debe hacerse toda en las casas de estudios. Acá el carrusel no tenía fin.
Más allá de las quejas de Keiko Fujimori sobre la manipulación de su caso, Dina Boluarte tendría otra oportunidad para marcar distancias y reforzar a la SUNEDU en lugar de debilitarla como se ha hecho desde el Congreso. ¿Se dará cuenta?
Fuente. https://caretas.pe/politica/caso-joaquin-ramirez-por-lavado-de-activos-para-eso-se-hizo-la-sunedu/
