La entidad bancaria además enviará información complementaria a la Justicia que indaga por posibles testaferros del excustodio presidencial.
El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, solicitó al Banco Central del Uruguay (BCU) y a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) informes sobre los bienes y las cuentas bancarias del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano.
Según supo El País, el fiscal Rodríguez pidió al BCU información complementaria sobre las finanzas del excustodio, que le será entregada en breve.
A instancia de la entonces fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Gabriela Fossati, Astesiano fue condenado por el juez Alejandro Asteggiante Blanco tras un juicio abreviado firmado por el asesor legal del imputado, Marcos Prieto. El magistrado determinó que Astesiano debía cumplir una pena de cuatro años y medio de prisión y el pago de 100 Unidades Reajustables ($ 157.900)
Tras el acuerdo, Astesiano no podrá volver a ser investigado por las causas por las cuales ya fue imputado. Sin embargo, Fossati envió a la Fiscalía de Lavado de Activos datos sobre un supuesto pago de US$ 10.000 que recibió Astesiano para gestionar pasaportes apócrifos en dependencias estatales, dijo una fuente del caso.
Además, el delito de asociación para delinquir, por el que fue condenado Astesiano, está contemplado en el numeral 33 del artículo 34 de la Ley Integral contra el Lavado de Activos. Y además figura como un delito precedente de lavado de activos. Por ello, se abrió una investigación fiscal para indagar sobre el origen de algunos bienes de Astesiano con el objetivo de establecer si existió o no un supuesto lavado de activos.
En la Fiscalía, de acuerdo a las fuentes consultadas, se sospecha que Astesiano poseía casas, una empresa de seguridad, un club nocturno y terrenos a nombre de personas de su entorno.
Sin embargo, otra fuente del caso dijo a El País que el excustodio presidencial mostraba tener problemas financieros. “Astesiano tiene deudas por todos lados y vive con su familia en una casa modesta en Verdisol”, ejemplificó la fuente.
Los dichos de esa persona cercana a Astesiano coinciden con lo que ocurrió horas después de la detención del excustodio. En la Fiscalía, Astesiano le dijo a un defensor público que tenía solo $ 15.000 en su cuenta bancaria. Poco después, el custodia contrató al abogado penalista Marcos Prieto.
Alarmas
Por su parte, el titular de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, afirmó que la condena de Astesiano “enciende las alarmas”. Y añadió que Uruguay debe mejorar controles.
Chediak dijo a Canal 5 que la expedición de pasaportes a partir de documentación apócrifa puede tener como objetivo facilitar el acceso a países del primer mundo a personas que no podrían hacerlo con su nacionalidad, como le ocurre a los ciudadanos rusos.
Hay miles de archivos con datos
En la carpeta de la investigación del llamado caso Astesiano hay miles de archivos con los contenidos de los teléfonos, declaraciones de los implicados y algunos testigos, informes de Inteligencia Policial y pericias de Policía Científica. El expediente también cuenta con informes solicitados por la entonces fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Gabriela Fossati, a reparticiones de los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores, al Banco Central del Uruguay (BCU) y al Banco de Previsión Social (BPS), entre otros organismos.
Fossati preguntó al Ministerio del Interior sobre un eventual tráfico de influencias de jerarcas policiales a pedido de Astesiano y sobre las investigaciones realizadas por Identificación Civil desde 2017 a rusos que obtenían la ciudadanía uruguaya mediante falsificaciones de partidas de nacimiento. La Cancillería le entregó a la Fiscalía datos sobre los trámites de ciudadanías para rusos realizados por las oficinas consulares en varias partes del mundo. Y por otra parte, a pedido de la fiscal, el BCU comunicó a bancos privados que la Justicia levantó el secreto bancario de los implicados.
