Multas de hasta 1 millón de euros para romper la ‘ley del silencio’
Desde Edward Snowden y Hervé Falciani a centenares de empleados anónimos, muchos profesionales que en un momento de sus carreras decidieron reportar actos ilícitos en sus empresas han pasado por un auténtico calvario personal y profesional debido a las represalias que han sufrido.
El pasado 4 de marzo, el Consejo de Ministros presentó un Anteproyecto de Ley que regulará la protección de las personas que informen sobre delitos o infracciones tanto en las empresas públicas como privadas. El texto está basado en la Directiva 209/1937 de la Unión Europea, que obliga a los Estados miembros a desarrollar leyes que castiguen las represalias contra los informantes, también conocidos como whistleblowers.
Cuando entre en vigor la futura ley, los organismos públicos y empresas privadas deberán instaurar canales de denuncia internos para que los empleados que detecten irregularidades en su entorno laboral puedan notificarlas de forma confidencial y preservando su identidad.
Tania Herrera, asesora jurídica en Inology, compañía de desarrollo de software empresarial responsable de la solución para la gestión del tiempo Nubhora, puntualiza que “aún nos quedan unos meses de espera antes de la aprobación de la ley definitiva sobre la Directiva whistleblowing europea. Aunque todavía no hay una fecha establecida se espera que sea durante este año”.
Multas de hasta 1 millón de euros para romper la “ley del silencio”
La corrupción en organizaciones públicas y privadas no sería posible sin la complicidad de la sociedad en su conjunto que, ya sea por temor a las represalias o por una lealtad mal entendida, mira hacia otro lado cuando se detectan hechos ilícitos en su entorno profesional.
En España, la percepción social acerca de la existencia de corrupción es particularmente elevada en comparación con los países de referencia europeos. Según el último estudio Transparency International, de enero de 2022, España se sitúa en el puesto número 14 de la Unión Europea y en la posición 34 del ranking global en el Índice de Percepción de la Corrupción, y su posición ha empeorado en dos puntos respecto al año anterior.
Para luchar contra la corrupción, la futura ley pretende cambiar la percepción social de los whistleblowers, que a menudo son considerados por su propio entorno como delatores o “chivatos”. La Ministra de Justicia, Pilar Llop, ya avanzó el pasado 4 de marzo que las represalias contra los denunciantes de corrupción serán sancionadas con multas de hasta un millón de euros.
Las empresas deberán disponer de un canal anónimo de denuncias
Las compañías con más de 50 trabajadores estarán obligadas a crear sistemas internos de denuncias que garanticen el anonimato del denunciante y la confidencialidad de la información, y a designar a un responsable de estos sistemas para la gestión de las informaciones recibidas.
El canal de denuncias deberá estar a disposición de los empleados y el resto de personas relacionadas con la organización, como proveedores, clientes o participantes en procesos de selección de personal.
Algunas empresas ya están integrando el canal de denuncias en sus soluciones tecnológicas para la gestión de los recursos humanos de la organización. El canal está cifrado y contiene un formulario anónimo diseñado para preservar la identidad tanto de los whistleblowers y como de las personas mencionadas en las denuncias.
Adelantarse a la entrada en vigor de la futura ley de protección de denunciantes es una de las estrategias que tienen las compañías para reforzar su reputación corporativa, ya que es una demostración de que “no tienen nada que temer”, confirmando su compromiso con la justicia y la transparencia.
