Un debate necesario sobre política, cumplimiento y evidencia
El pasado 29 de octubre tuve el honor de moderar una conversación junto a Javier Coronado, socio de Díaz Reus International Law Firm, y Juan Carlos Medrano, experto internacional en cumplimiento y sanciones.
El tema, de gran impacto para Colombia y la región, abordó las recientes sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra el presidente Gustavo Petro, y las implicaciones que estos hechos generan para las organizaciones y programas de cumplimiento corporativo.
Desde el inicio, la reflexión fue clara: las sanciones económicas no son un proceso penal, sino una herramienta de política exterior que busca proteger los intereses internacionales de los Estados Unidos. Sin embargo, su efecto reputacional, financiero y operativo puede ser devastador para individuos, empresas y países.
Entender OFAC: más que una lista, un sistema
Como se explicó durante el conversatorio, la OFAC administra actualmente 38 programas de sanciones que cubren temas como narcotráfico, terrorismo, violaciones a derechos humanos, corrupción, y más.
Estos programas se materializan a través de listas como la SDN (Specially Designated Nationals), que no solo incluye personas naturales o jurídicas, sino también embarcaciones, aeronaves e incluso billeteras de criptoactivos.
Pero lo esencial es entender que una persona puede no aparecer en la lista y aun así estar sujeta a sanción, si mantiene una participación directa o indirecta del 50 % o más en una entidad bloqueada.
Por eso, la debida diligencia ya no es una opción: es un deber permanente. Las organizaciones deben mirar más allá del nombre y rastrear estructuras, beneficiarios reales y relaciones de control.
Política, economía y cumplimiento: un triángulo inevitable
En el caso particular de las sanciones contra Gustavo Petro, la Orden Ejecutiva 14059 del presidente Biden es la base jurídica que las sustenta.
Esta orden permite imponer medidas a quienes —según la información del gobierno estadounidense— hayan contribuido materialmente a la proliferación del narcotráfico o sus medios de producción.
Más allá del componente técnico, el panel coincidió en que toda sanción es también un instrumento político, una forma de presión para inducir cambios de comportamiento en gobiernos o actores relevantes.
Sin embargo, detrás del debate mediático se encuentra un desafío mayor: cómo deben prepararse las organizaciones colombianas y latinoamericanas ante los efectos colaterales de estas decisiones internacionales.
El rol del cumplimiento y la prevención
Las sanciones OFAC, aunque emitidas por una jurisdicción extranjera, tienen alcance global.
Las empresas que operan o transan con entidades vinculadas al sistema financiero estadounidense —directa o indirectamente— están obligadas a verificar contrapartes, monitorear operaciones y aplicar filtros de riesgo reputacional y financiero.
En ese sentido, los oficiales de cumplimiento y auditores forenses deben asumir un rol más estratégico:
- Integrar los criterios de sanciones internacionales dentro de sus matrices de riesgo.
- Capacitar a sus equipos sobre cómo interpretar listas, alias y beneficiarios ocultos.
- Y sobre todo, mantener independencia y criterio técnico frente a la volatilidad política del entorno.
Las sanciones OFAC trascienden el debate político. Representan un recordatorio de que la integridad corporativa y la trazabilidad financiera son hoy más globales que nunca.
Las empresas colombianas deben comprender que el cumplimiento no es solo un requisito normativo, sino una estrategia de supervivencia reputacional y legal.
Y los auditores, consultores y analistas debemos mantener un principio innegociable: la independencia técnica ante la presión política.
Porque la verdadera fuerza del cumplimiento no está en reaccionar ante las sanciones, sino en anticiparlas con conocimiento, método y ética.
En CFS Investigaciones Estratégicas, trabajamos junto a organizaciones, firmas legales y áreas de cumplimiento para fortalecer sus capacidades de detección, prevención y respuesta ante riesgos legales, financieros y reputacionales.
Nuestro compromiso es con la verdad verificable, la trazabilidad de la evidencia y la integridad profesional en cada investigación.
CFS Investigaciones Estratégicas
