Foto: Comisión de Disciplina Judicial
Presidente de esta corte habló de cómo será el trabajo de esta corte durante este año.
Por: María Isabel Ortiz Fonnegra
02 de marzo 2021 , 10:03 p. m.
A casi dos meses de su entrada en operación, Julio Andrés Sampedro Arrubla, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial –que reemplazó a la cuestionada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura–, habló con EL TIEMPO sobre las expectativas para este primer año, los esfuerzos que harán para recuperar la confianza de la ciudadanía y cómo enfrentarán los casos de irregularidades cometidas por abogados, jueces y otros funcionarios judiciales.
¿Cómo arrancaron en la Comisión?
Con un compromiso muy fuerte y serio para hacer las cosas lo mejor posible, el cúmulo de cosas que tenemos suena muy difícil, enfrentar 6.500 procesos que venían acumulados, eso es un reto muy importante. Hemos cogido esos 6.500 y hemos escogido los que tenían una inminente prescripción y empezamos a trabajar en ellos.
En las últimas semanas hemos sesionado en salas plena ordinaria y extraordinaria presenciales pues hemos creído que en esta primera fase de trabajo de la comisión es necesaria la presencialidad, guardando todos los cuidados que corresponden al momento que vivimos. El magistrado advierte que ya se presentó a la Fiscalía General denuncia por la desaparición de expedientes completos.
¿Qué han encontrado revisando los expedientes que recibieron de la Sala Disciplinaria?
Hemos encontrado expedientes completos que hacen falta, también casos en los que faltan folios o cuadernos de algunos expedientes. Yo ya formulé una primera denuncia ante la Fiscalía, poniendo en conocimiento la falta de esos expedientes, son alrededor de tres los que faltan, que uno se da cuenta porque hay un inventario de expedientes y si no aparecen, pues fue que se perdieron, se los robaron, o lo que sea, eso lo investigará la Fiscalía.
Estamos terminando de revisar todo para ver si hay más casos de cuadernos o expedientes que falten.
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Formulé una denuncia ante la Fiscalía, poniendo en conocimiento la falta de esos expedientes, son alrededor de tres los que faltan
¿De cuánto es la mora judicial en la Comisión, que viene de la Sala Disciplinaria?
Hay un atraso enorme de 6.500 casos, de los cuales hay 1.200 más o menos que están a punto de prescribir, los otros dan un margen un poquito más amplio. Tenemos que empezar por lo más urgente y no por lo más importante con la idea de que esa prescripción afecte el menor número de expediente posibles. Sin duda, algunos prescribirán porque es inevitable, los hemos recibido muy tarde, algunos expedientes tienen 5 años que no se han definido, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que haya el mínimo impacto.
¿Cuántas decisiones han tomado hasta ahora?
Muchas, por ejemplo una decisión sobre un juez en Caquetá salió de la tercera sala que hicimos para aprobar proyectos, por su trascendencia, esa decisión se registró en los medios, fue una ratificación de una sanción a un juez de ejecución de penas que le dio casa por cárcel a una persona condenada por narcotráfico.
Esto demuestra un punto de partida importante en la actividad de la comisión y es hay una comisión fuerte, vigilando a los jueces, empleados, funcionarios y abogados. En lo que dependa de la Comisión, no vamos a dejar pasar un solo caso en donde haya una situación de corrupción como en este caso.
Estamos empeñados en tener una gran transparencia en e l trabajo de la Comisión a nivel nacional y seccional, no nos va a temblar la mano para tomar las medidas que corresponden para que los resultados sean los que la ciudadanía quiere.
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¿Cuáles son las expectativas que tienen para este primer año?
En este primer año es organizarse y poner a marchar la Comisión, tendremos que diseñar algunas estrategias, la Comisión tiene en sus manos no solo lo sancionatorio sino lo preventivo y para realizar prevención tenemos es un plan de acción para articularnos con las entidades de la sociedad civil que tienen que ver con el manejo ético de la profesión. Pero también articularnos con las universidades, que son un actor fundamental y nos van a permitir que los estudiantes de consultorio jurídico atiendan casos y puedan litigar ante la Comisión. Pero, además, creo que tenemos que articularnos en una política educativa de formación ética, siempre teniendo en cuenta que la ética no se enseña, se transmite.
Las universidades también pueden facilitar la presencia regional de la Comisión. Hemos pensado en sesionar en otras ciudades, en universidades, acercar este esquema de ética de los abogados, a la gente, democratizar el sistema y permitir que la gente vea cercana la comisión, creo que las universidades pueden dar una mano enorme.
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¿Les preocupa que algunos magistrados de la Comisión arrancaron con cuestionamientos?
Creo que cualquier persona es susceptible de tener un proceso o cuestionamiento en su vida profesional, ninguno de los magistrados tiene una sentencia en su contra, tienen procesos como los tienen prácticamente todos los funcionarios públicos.
Este fue un proceso muy transparente de elección de magistrados, hubo convocatorias públicas a las que se presentaron alrededor de 600 personas, las ternas tuvieron un examen en el Congreso pleno que hizo la elección. De ahí salimos juristas muy importantes, de gran trayectoria profesional, gran transparencia en su actuaciones y hoy no hay ningún cuestionamiento a ninguno, salvo que alguno tenga procesos.
Precisamente por esa elección del Congreso se habla de una politización de la ahora Comisión de Disciplina, ¿cómo asegurar que no habrá interferencias política en su actuar?
La Comisión tiene un origen político, tiene origen en el Congreso, pero es diferente político a politiquero. Al tener un origen político nos genera un compromiso muy fuerte para responder a la ciudadanía con resultados. Ninguno de los 7 magistrados tomaría una decisión presionado por intereses políticos. A pesar del origen político, no somos politiqueros y tenemos un compromiso de transparencia.
Varias personas han señalado que uno de los retos más grandes de la Comisión es recuperar la credibilidad. ¿Cómo lograrán recuperar esa credibilidad ciudadana?
Acercándonos a la gente, llegar a las universidades, articulándonos con la sociedad civil a través de las comisiones seccionales. Eso creo que va a construir unos niveles de confianza importantes para poder funcionar, pero además es la piedra angular de cualquier reforma de la justicia.
Tenemos una responsabilidad enorme, estamos trabajando con mucho ánimo y compromiso. Estamos empeñados en producir esos hechos de justicia y que la ciudadanía sepa que aquí hay un guarda del aspecto ético del ejercicio de la profesión en el cual queremos mejorar, queremos dejar esa imagen del abogado corrupto, mañoso, para ser un abogado íntegro. No queremos los mejores abogados del mundo, sino los mejores abogados para Colombia.
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Han tenido oportunidad de ver las reformas de la justicia que se han propuesto, ¿cuál es su opinión frente a estas?
Llegamos cuando ya la reforma está en manos de los ponentes en primer debate. Nos hemos reunido con el ponente de la reforma, quien nos ha invitado a participar en las audiencias que se están realizando en el trámite legislativo.
Tenemos un documento elaborado sobre los mínimos que requeriría la comisión para estar incursa allí y articular con otras instancias de justicia del país, hemos tenido reuniones con la presidente y vicepresidenta de la Judicatura, con el ministro de Justicia quien nos ofreció todas las posibilidades para que los acompañemos con la reforma. Hemos hablado con el Fiscal y el Contralor, conversaremos con la Procuradora.
Hemos preparado unas sugerencia de articulado en donde la comisión tendría que participar, somos una ficha clave dentro del sistema y creemos que tenemos que trabajar por que tengamos instrumentos de funcionamiento en las regiones, creo que en la regiones hace falta infraestructura para que la Comisión funcione, e incluso para la entrada en vigencia del nuevo Código General Disciplinario, que implementa la oralidad en el sistema disciplinario y eso requiere salas de audiencias e infraestructura que hoy no hay.
Otro tema muy importante es poder intervenir en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, donde tienen asiento los presidentes de las altas cortes.
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El año pasado hubo denuncias de acoso sexual y laboral en las altas cortes, ¿cómo están trabajando usted para evitar estas situaciones en la Comisión?
Una vez que nos posesionamos, la presidenta de la Comisión de Género de la Rama Judicial, en una actitud de gran amabilidad, me envió una carta para que nombráramos un delegado y delegamos a la magistrada Diana Vélez, quien creo que ya tuvo la primera denuncia. Yo personalmente no he recibido ninguna denuncia de acoso, pero estamos atentos a generar desde la Comisión protocolos que permitan evitar estas situaciones.
Para usted, ¿cuáles son los más grandes retos de la Comisión?
El reto fundamental de la Comisión es generar niveles de confianza de la ciudadanía a través de los hechos de justicia que podamos generar. Articularnos, generar hechos de confianza, todo esto apuntando a que el país pueda saber que tiene en nosotros una alta corte que está respondiendo a las expectativas.
MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
En Twitter: @MIOF_
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