
En su informe publicado en julio de 2024, titulado “Revisión Horizontal del Cumplimiento Técnico de los Gatekeepers en Relación con la Corrupción”, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) puso sobre la mesa una verdad incómoda: profesionales de confianza —abogados, contadores, notarios, auditores, agentes inmobiliarios y proveedores de servicios corporativos—, denominados gatekeepers o guardianes de entrada, pueden ser piezas clave para facilitar o prevenir operaciones ilícitas. Si bien su rol natural es garantizar la legalidad de transacciones y estructuras jurídicas, también son susceptibles de ser instrumentalizados para ocultar recursos de origen ilícito.
América Latina, y particularmente Colombia, enfrenta desafíos estructurales en el control de estas figuras. Por ello, este artículo examina la situación actual, presenta ejemplos nacionales e internacionales y propone acciones para maximizar los controles sobre estos actores críticos.
¿Quiénes son los Gatekeepers?
Según el GAFI, los gatekeepers son profesionales que, por la naturaleza de sus servicios, pueden facilitar la entrada de recursos ilícitos al sistema económico o jurídico. Esto incluye:
- Abogados
- Contadores
- Notarios
- Agentes inmobiliarios
- Proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos
- Auditores
- Consultores tributarios
Estas profesiones, por su posición privilegiada en la creación, estructuración y formalización de negocios o transacciones, pueden ser usadas para legitimar capitales ilícitos.
Colombia ha hecho avances importantes en materia de prevención y control de lavado de activos y corrupción, pero los gatekeepers siguen siendo un eslabón vulnerable. Según el Informe de Evaluación Mutua de 2023, el país mostró progresos, pero recibió calificaciones de parcial cumplimiento en aspectos relacionados con la supervisión de actividades no financieras y la transparencia de beneficiarios finales.
Ejemplos nacionales
1. Caso Carrusel de la Contratación (Bogotá)
- Profesionales involucrados: Abogados, contadores y empresas consultoras.
- Modus operandi: Asesoramiento en la creación de empresas fachada y estructuración de contratos simulados para el desvío de recursos públicos.
- Resultado: Condenas a exfuncionarios, abogados y empresarios, entre ellos Emilio Tapia, condenado por estructurar jurídicamente las operaciones fraudulentas.
2. Alejandro Lyons
- Profesionales involucrados: Contadores, abogados y agentes inmobiliarios.
- Modus operandi: Desvío de recursos públicos mediante contratos de prestación de servicios simulados, lavado de activos a través de compra de bienes raíces en Miami, gestionado por intermediarios legales y financieros.
3. Omar Ambuila (DIAN Buenaventura)
- Profesionales involucrados: Abogados y gestores financieros.
- Modus operandi: Lavado de más de USD 1 millón producto de sobornos aduaneros, canalizado mediante compra de vehículos de alta gama y empresas ficticias.
Ejemplos internacionales
1. Panama Papers (Mossack Fonseca)
- Profesionales involucrados: Abogados y contadores.
- Modus operandi: Creación de más de 214,000 sociedades offshore para evasión fiscal y ocultamiento de activos ilícitos.
- Impacto: Investigaciones a más de 140 políticos y funcionarios en 50 países.
2. Danske Bank (Dinamarca)
- Profesionales involucrados: Oficiales de cumplimiento, contadores externos y auditores.
- Modus operandi: Facilitaron transacciones sospechosas por más de USD 230,000 millones a través de su sucursal en Estonia, valiéndose de sociedades de papel creadas por intermediarios jurídicos.
3. Caso Odebrecht
- Profesionales involucrados: Abogados corporativos y consultores tributarios en más de 12 países latinoamericanos.
- Modus operandi: Diseño de estructuras offshore y contratos simulados para pagos de sobornos.
Desafíos y medidas en Colombia y Latinoamérica
Aunque Colombia ha avanzado con la Ley 2195 de 2022 (anticorrupción) y la implementación de listas de beneficiarios finales, aún enfrenta retos en:
- Supervisión efectiva de profesionales no financieros
- Registro actualizado de beneficiarios finales accesible para autoridades
- Programas de debida diligencia más estrictos para abogados y contadores
- Coordinación institucional entre UIAF, Superintendencias y Fiscalía
Recomendaciones para maximizar los controles
- Obligación de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) para abogados, contadores y notarios en transacciones de alto riesgo
- Debida diligencia reforzada en la constitución de sociedades, administración de patrimonios y transacciones inmobiliarias
- Fortalecer sanciones disciplinarias y penales a profesionales implicados
- Programas obligatorios de formación continua en prevención de delitos financieros
- Supervisión proactiva y basada en riesgo de las actividades de estos profesionales
- Interoperabilidad de registros de beneficiarios reales a nivel regional
El rol de los Gatekeepers
Los gatekeepers no son actores periféricos: son piezas centrales en la estructura de cumplimiento y transparencia de cualquier país. Su capacidad para identificar, prevenir y reportar operaciones sospechosas es decisiva para la integridad financiera y jurídica. Pero también pueden ser el eslabón débil si no existen controles adecuados.
En América Latina, y especialmente en Colombia, maximizar su control no solo es una obligación legal sino un imperativo ético y social. La cooperación interinstitucional, la capacitación y la supervisión efectiva son las claves para transformar a los gatekeepers de facilitadores de delitos financieros en auténticos guardianes de la legalidad y la transparencia.
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). (2024). Revisión Horizontal del Cumplimiento Técnico de los Gatekeepers en Relación con la Corrupción. Recuperado de: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Gatekeeper-TC-Corruption.html
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