Cientos de los informes reportados estuvieron relacionados a posibles estafas con ayudas del gobierno y transacciones desde diversos puntos de la isla para no dejar rastro de dinero posiblemente ilícito, reveló la directora de FinCEN, Andrea Gacki, quien estuvo de visita en la isla
El pasado año, se reportaron sobre 47,000 informes de actividades sospechosas (SARs, en inglés) de transacciones realizadas en Puerto Rico, ante la Red de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), informó la directora del organismo federal, Andrea Gacki.
Las expresiones de la funcionaria federal se dieron como parte de su visita en la isla, este jueves, como una de las oradoras en el vigésimo Simposio Puertorriqueño Contra el Lavado de Dinero de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR).
De los miles de informes SAR que se reportaron en Puerto Rico, casi 700 describían posibles fraudes relacionados con ayudas o prestaciones del gobierno, según la directora de la dependencia adscrita al Departamento del Tesoro federal.
En Estados Unidos, el fraude con cheques fue la mayor categoría de actividad sospechosa de fraude, con un aumento de un 66% respecto al año anterior, aunque esto no se citó con tanta frecuencia en las presentaciones relacionadas con Puerto Rico, según la funcionaria.
La actividad sospechosa que le siguió fue el lavado de dinero, con transacciones debajo del umbral establecido para llevar registros y el uso sospechoso de múltiples ubicaciones.
“En los campos de texto libre ‘Otros’, (las personas llamadas a presentar) SAR solían informar de un elevado volumen de actividad financiera, preocupación por el destino de los fondos, importes elevados en dólares y posible evasión fiscal”, mencionó Gacki.
En cuanto a las estafas denunciadas en la isla, la funcionaria indicó que las más frecuentes fueron las del “buen samaritano” y las de compras en línea, sobre todo de vehículos y servicios.
Como parte de sus estrategias para combatir el lavado de dinero, la FinCEN implementó una nueva normativa, en la que todas las entidades de responsabilidad limitada o LLCs en Estados Unidos y los territorios tendrán que completar un informe de propiedad efectiva (BOI, por sus siglas en inglés). Tal normativa también aplica a Puerto Rico.
Desde su puesta en marcha el pasado 1 de enero, la FinCEN ha recibido más de 642,000 notificaciones, precisó la directora.
Narcotráfico de opioides
La funcionaria federal se expresó en relación con “la crisis de opioides de la nación”, que sigue acarreando altos costos para las comunidades de todo el país, siendo Puerto Rico uno de los principales puntos de transbordo.
Entre los casos reportados recientemente en la isla, Gacki destacó la acusación reportada en noviembre de 2023 de tres individuos en posesión de armas de fuego y con conspiración para distribuir estas sustancias. Mientras que, en septiembre pasado, se detuvieron a 42 miembros de bandas del municipio de Manatí, así como “muchas otras acusaciones y detenciones de operaciones a gran escala de fentanilo y adyacentes al fentanilo” en Puerto Rico, indicó.
“La FinCEN y el Departamento del Tesoro son participantes fundamentales en la Estrategia Nacional de Control de Drogas del presidente (Joe Biden), y hemos estado aprovechando toda la gama de nuestras herramientas al servicio de la degradación y desarticulación de las organizaciones delictivas transnacionales que trafican con estas peligrosas sustancias”, aseguró Gacki.
Velan por el cumplimiento de entidades internacionales
Aunque la directora de la FinCEN catalogó a Puerto Rico como una jurisdicción riesgosa, subrayó en que ha habido avances.
“Puerto Rico presenta riesgos significativos para el blanqueo de capitales, pero también con un potencial significativo y motivos para el optimismo”, comunicó Gacki.
En tiempo reciente, Puerto Rico quedó en el ojo de la tormenta, en buena parte, por la falta de controles adecuados en las entidades que se han registrado en la isla bajo las leyes dirigidas a hacer de la isla un centro financiero para la banca internacional.
“Sin embargo, a pesar de los riesgos conocidos, se han producido avances significativos en los últimos tiempos, con procesamientos históricos, otras acciones de aplicación y nuevas normas impuestas”, añadió.
Esta semana, el Tesoro federal eliminó a las instituciones financieras internacionales que operan en la isla y a las cooperativas de ahorro y crédito de su lista de “vulnerabilidades y riesgos” a la política anti lavado de dinero (AML, en inglés) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT, en inglés) de Estados Unidos.
No obstante, la directora de la FinCEN aseguró que la dependencia continuará fiscalizando y promoviendo un mayor cumplimiento, “particularmente en sectores no tradicionales”.
Como muestra de ello, Gacki repasó la primera y más reciente acción de la FinCEN contra una Entidad Bancaria Internacional (EBI) en Puerto Rico, que conllevó una multa de $15 millones contra Bancrédito International Bank & Trust Corporation por violar intencionalmente la Ley de Secreto Bancario (BSA, en inglés) por un periodo de siete años.
La EBI, propiedad de Julio M. Herrera Velutini, tampoco rindió a tiempo los informes SARs, no estableció el debido programa de diligencia para cuentas corresponsales establecidas, mantenidas, administradas o gestionadas en Estados Unidos para otras instituciones financieras y tampoco implementó el programa de cumplimiento para evitar el lavado de dinero, según el informe de la FinCEN.
La primera acción de la FinCEN, fuera de Puerto Rico, fue contra Kingdom Trust Company $1.5 millones fue la primera, seguida de Binance, entidad vinculada al mundo de las criptodivisas y a la que se multó por $3,400 millones. Mientras, su acción correctiva más reciente fue contra un individuo, Gyanendra Kumar Azre, quien tenía su propia empresa de servicios monetarios que no había registrado en la FinCEN.
“Me gustaría concluir reiterando que FinCEN espera seguir colaborando con las autoridades y la industria privada aquí en Puerto Rico. He compartido hoy (jueves) las muchas maneras en que FinCEN, junto con ustedes como nuestros socios, están trabajando para proteger el sistema financiero de cualquier daño”, acotó la directora de la FinCEN.
