La Entidad Bancaria Internacional aceptó la liquidación voluntaria, mientras el regulador ordena una auditoría forense para analizar sobre $10,000 millones en transacciones
Luego de casi cinco años de señalamientos diversos, la comisionada de Instituciones Financieras (OCIF) Natalia Zequeira Díaz, anunció este martes la liquidación voluntaria de Bancrédito International Bank & Trust al tiempo que indicó que la firma Kaufman Rossin llevará a cabo una auditoría forense de las transacciones efectuadas por la Entidad Bancaria Internacional (EBI).
De inmediato, en una declaración enviada a este diario, Bancrédito confirmó su resolución definitiva al tiempo que señaló que “tiene suficiente capital para satisfacer sus obligaciones con depositantes, suplidores y empleados”.
“El banco va a continuar cooperando con los reguladores bancarios para cumplir con sus obligaciones legales y regulatorias”, reza la declaración de la institución.
“Prontamente, Bancrédito se estará comunicando con sus clientes con instrucciones en relación a la transferencia de depósitos y posiciones en custodia a otras instituciones”, reza la declaración.
“Lo que comenzó en el 2019 como un examen de rutina para una de las EBIs más grandes y con mayor madurez operando en Puerto Rico hoy llega a su último capítulo”, indicó por su parte Zequeira en una declaración escrita.
Según Zequeira Díaz, indicó que el proceso de liquidación voluntaria puede tomar unos seis meses al tiempo que multó a la institución con $250,000 para poner fin al proceso en curso.
El acuerdo fue suscrito por Zequeira Díaz, Herrera Velutini, principal accionista de la entidad, y el presidente y principal oficial ejecutivo de la EBI, Gregorio D’Andrea.
La liquidación de la EBI estará en manos de Driven Administrative Services LLC, entidad contratada por Bancrédito se indicó.
“La OCIF velará que la EBI cumpla con sus obligaciones para con los depositantes y se asegurará que un tercero independiente evalúe y pase juicio sobre las transacciones efectuadas por y a través del banco”, se indicó.
De acuerdo con la OCIF, la liquidación de Bancrédito tomará unos seis meses, período en que -a su vez- Kaufman Rossin analizará todas las transacciones que la EBI procesó entre los años 2016 a 2020, de $2,500 o más, y que debieron ser objeto de un Reporte de Actividad Sospechosa (RSA, en inglés).
Al concluir su análisis, Kaufman Rossin debe presentar un informe al regulador, “quien se mantendrá vigilante, en la eventualidad que se requieran actos adicionales”.
La decisión de la OCIF surge en medio de la acusación de un gran jurado federal contra el principal accionista de la institución, Julio M. Herrera Velutini, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y otros acusados por un supuesto patrón de sobornos para que ese regulador modificara sus exigencias contra la EBI y para remover al entonces director de la OCIF, George Joyner, de esa jefatura y nombrar a Víctor Rodríguez Bonilla.
La movida regulatoria de la OCIF es un evento separado de los cargos que encara Herrera Velutini. La OCIF juzgó conveniente poner fin a Bancrédito tras comprobar que este no cumplió con la creación de un comité dirigido a prevenir e identificar posibles actividades de blanqueo de capitales a través de esa entidad.
Pero evitar ese análisis y sobre todo, el consecuente envío de RSAs a la Red para la Detección de Delitos Financieros (FINCen) fue una de las razones por las cuales, según una acusación de un gran jurado federal, Herrera Velutini estuvo dispuesto a contratar a la firma británica C|T Group e invertir hasta $1.9 millones en servicios de consultoría política para la exgobernadora Vázquez Garced.
Anteriormente, Rodríguez Bonilla indicó a El Nuevo Día que recibió presiones del excolaborador de campaña, John Blakeman, para que modificara las determinaciones regulatorias de la OCIF a lo que el abogado respondió en la negativa y dio parte a las autoridades federales.
La determinación de la OCIF con Bancrédito es la sexta acción correctiva del regulador contra una EBI o Entidad Financiera Internacional (EFI) en apenas 18 meses. Antes, la OCIF tomó medidas contra Consilience Capital International LLC, First Finance International Bank Inc., Phoenix International Bank Corp. e International Union Bank LLC y Euro Pacific Bank International.
“El trabajo que hemos realizado durante los pasados 18 meses envía un mensaje contundente de que la OCIF no va a permitir que ninguna entidad bancaria internacional que ostente una licencia otorgada por el Gobierno de Puerto Rico opere al margen de la ley”, dijo Zequeira Díaz.
