América Latina y el Caribe tienen un escenario de Delitos Financieros muy desafiante. En el se identifican, principalmente, las siguientes actividades ilícitas: contrabando de minerales, tráfico de drogas, tráfico de personas (que también incluye el tráfico de migrantes). El desarrollo de estas actividades está generando flujos de fondos ilegales, que se relacionan con los tipos de Delitos Financieros más típicos de la región, que son: Lavado de Activos (LA), Lavado de Activos Basado en el Comercio (LABC), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Corrupción. Además, las empresas que están haciendo negocios en la región tienen que considerar al Fraude Corporativo dentro de los riesgo relacionados con los Delitos Financieros a ser evaluados.
Respecto de las actividades ilícitas mencionadas, es posible detallar lo siguiente:
El contrabando de minerales o minería ilegal incluye “el tráfico de metales preciosos extraídos ilegalmente, las actividades ilegales de explotación de recursos minerales desarrolladas por grupos delictivos organizados”, según la definición de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal[1]. Nuestra región es reconocida no como destino final de los minerales, sino como región exportadora, principalmente a USA, Europa y Asia. El oro es el artículo más extendido dentro de esta categoría.
Si nos centramos en el contrabando de minerales, en la región existe una gran diversidad de regulaciones locales con diferentes enfoques y algunas iniciativas globales como la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)[2]. De acuerdo a las prioridades estratégicas de EITI, existen programas como el de alianza para la contratación abierta que se están aplicando en Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Surinam y Trinidad y Tobago, poniendo a disposición información de libre acceso por parte de la ciudadanía.
Por otro lado, analizando lo estimado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)[3], es posible entender que México, Colombia y Perú (los principales países, tanto productores como de tránsito, de drogas en Latinoamérica) en el período 2015-2018, generaron un flujo ilegal de fondos en el rango de US$8,12 mil millones a US$17,21 mil millones.
Según el Protocolo contra la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Trata se define como “la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante la fuerza, el fraude o el engaño, con el fin de explotarlas con fines lucrativos”. La UNODC estima que el valor del tráfico ilícito de migrantes en América del Norte es de 3,7 mil millones a 4,2 mil millones de dólares estadounidenses por año.
Respecto de los Delitos Financieros asociados con las Actividades Ilícitas descriptas previamente, se destacan los siguientes:
1. Lavado de Activos
La Convención de Viena describe el lavado de dinero como: “la conversión o transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes se derivan de cualquier delito, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos, o de ayudar a cualquier persona involucrada en tal(es) delito(s) a evadir las consecuencias legales de sus acciones”. Y según el Instituto de Gobernanza de Basilea (IGB)[4], quien comparte su ranking anual de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en todo el mundo. Según las estimaciones del IGB, solo alrededor de la mitad de los países de esta región se han sometido a una evaluación de cuarta ronda del GAFI[5], lo que limita la comparabilidad y, si se mantiene la tendencia general, es probable que más países desciendan en su clasificación, a medida que se someten a nuevas evaluaciones del GAFI. En la actualidad, las principales deficiencias radican en los altos niveles de corrupción y sobornos, los bajos niveles de transparencia financiera y la débil transparencia pública y rendición de cuentas. Los países más vulnerables son: Haití, Islas Caimán, y Nicaragua; y los menos vulnerables son Chile, Dominica y Uruguay. Es relevante revelar que las principales economías de Latinoamérica no son países calificados como de “bajo riesgo”: Brasil (13er lugar), México (18vo lugar), Colombia (8vo lugar) y Argentina (16to lugar).
2. Lavado de Activos Basado en el Comercio (TBML)
El GAFI lo define como “el proceso de encubrir el producido del delito y mover valores mediante el uso de transacciones comerciales, en un intento de legitimar su origen ilegal o financiar sus actividades”. Según estimaciones del Wolfsberg Group[6], el 80% del comercio internacional se realiza mediante pagos directos entre comprador y vendedor. Eso vuelve más complejo el detectar un esquema de lavado de activos basado en el comercio.
A pesar de que existen recomendaciones del GAFI y un último documento en 2020: “Trade-Based Money Laundering: Trends and Developments” (El lavado de dinero basado en el comercio: tendencias y desarrollos), la región latinoamericana requiere un fuerte avance en la creación de leyes que permitan a los países luchar de manera efectiva contra este tipo de delitos.
3. Financiamiento del Terrorismo
Tal como lo establece la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de las Naciones Unidas[7], que define la Financiación del Terrorismo como proporcionar o recaudar fondos, “por cualquier medio, directa o indirecta, ilegal y deliberadamente con la intención de que se utilicen o a sabiendas que se utilizarán para actos de terrorismo. En el caso de la Financiación del Terrorismo, este tipo de delitos financieros también pueden superponerse a otros como el Blanqueo de capitales y la corrupción. En este caso, el elemento distintivo no es el origen ilícito del fondo sino el propósito del uso de los fondos.
Según el Informe de Delitos Financieros en América latina y el Caribe del Global Financial Integrity[8], las experiencias de los países de la región en materia de terrorismo y FT son bastante dispares. Los casos más relevantes son:
· Cuba es el único país de América Latina y el Caribe en ser designado como Estado Patrocinador del Terror;
· En cuanto a los países que experimentaron ataques terroristas: Colombia, México, Paraguay, y Perú sufrieron incidentes terroristas en 2019;
· Dentro de los países de América Latina y el Caribe, los grupos terroristas nacionales designados incluyen el ELN (Colombia), los Disidentes de las FARC (Colombia), y Sendero Luminoso (Perú). Si bien la capacidad de estos grupos para infligir violencia sigue siendo motivo de verdadera preocupación, también es cierto que muchos de ellos son más pequeños hoy, en comparación con la magnitud que tuvieron en el pasado;
· Sin embargo, los riesgos de FT se extienden más allá de la actividad de terrorismo nacional, e incluyen los casos de ser utilizado como punto de tránsito o escenario para el terrorismo en otros lugares.
4. Corrupción
El GAFI ha destacado repetidamente que la corrupción “florece en un entorno en el que los funcionarios estatales y los empleados del sector público abusan de sus puestos para obtener ganancias privadas”.
Según el Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe de 2019 elaborado por Transparency International[9], la corrupción va en aumento. La mayoría de los ciudadanos de América latina y el Caribe (53 %) piensan que la corrupción aumentó en sus países en los últimos 12 meses, mientras que muchos menos piensan que disminuyó (16 %). En Venezuela, un número abrumador de ciudadanos (87%) piensa que la corrupción aumentó, el porcentaje más alto de la región. La mayoría de los ciudadanos en República Dominicana y Perú también piensan que la corrupción aumentó (66% y 65%). Desafortunadamente, en ningún país la mayoría de los ciudadanos piensa que la corrupción haya disminuido. Solo en Guyana vemos una proporción considerable de ciudadanos (40 %) que informan una disminución de la corrupción, aunque el 40 % de los guyaneses también cree que está aumentando. La corrupción contribuye a la erosión de la confianza de los ciudadanos en el gobierno.
Los resultados muestran que la confianza en los gobiernos, los tribunales y las policías es muy baja en América Latina y el Caribe. La corrupción prevalece en la mayoría de los aspectos ordinarios de la vida diaria, incluida, entre otras, la corrupción a gran escala dentro del sector público y el sector privado, que afecta la vida de los ciudadanos promedio. Según Transparency International, entre 18 países de América latina y el Caribe, 56 millones de personas pagaron sobornos en 2018.
5. Fraude Corporativo:
Según la ACFE[10], existen tres categorías principales de fraudes que sufren las organizaciones: la Apropiación Indebida de Activos, que involucra a uno o varios empleados, cuando los mismos desarrollan esquemas con el objetivo de obtener de forma ilícita bienes o dinero; o hacer un uso indebido de los recursos de las organizaciones para las que trabajan. Este tipo de esquemas son los que ocurren con mayor frecuencia (estando presentes en un 86% de los casos de fraude detectados); sin embargo, también tienden a causar la pérdida promedio más baja con USD 100.000 por cada caso detectado.
Por el contrario, los esquemas de fraude que implican el Falseamiento de los Estados Financieros, en los que los perpetradores causan intencionalmente una declaración errónea u omisión importante en los estados financieros de la organización, son la categoría con menor frecuencia de ocurrencia, con un 10% de los esquemas de fraude identificados, sin embargo es la categoría que tiene mayor impacto económico, con una pérdida promedio de USD 593.000.
La tercera categoría, que describe los esquemas denominados como “Corrupción”, que incluye delitos como el soborno, los conflictos de intereses y la extorsión, se la puede ubicar, en términos de frecuencia y daño financiero, como entre medio de las anteriormente descriptas. Estos esquemas se identifican en el 50% de los casos identificados, y causan una pérdida mediana de USD 150.000. Es importante señalar que las 3 grandes tipologías señaladas muchas veces ocurren de forma solapada.
Así mismo, en promedio, las organizaciones pierden el 5% de sus ingresos por causa de los esquemas de fraude cada año. Se estima que se pierden 4,7 billones de dólares por fraude, en todo el mundo cada año.
Lo detallado previamente nos permite comprender acerca de la existencia de numerosos casos de fraude y corrupción público-privada que involucran y afectan tanto a empresas como a los propios estados de la región.
Entre los casos más destacados de los últimos años, es importante mencionar el caso “Pandora Papers”, la mayor investigación periodística colaborativa de la historia. Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación[11], esta investigación estuvo basada en la mayor filtración de archivos de paraísos fiscales en la historia. La investigación revela los acuerdos secretos y los activos ocultos de más de 330 políticos y funcionarios públicos de alto nivel en más de 90 países.
Este caso icónico, nos permite comprender como una variedad de delitos financieros están presentes en todo el mundo, y centrándonos en la región de América Latina y el Caribe, hoy sabemos algunos datos reveladores: existieron 2521 beneficiarios finales argentinos. Argentina solo está por debajo de Rusia (que tuvo 4437 beneficiarios finales) y Reino Unido (que tuvo 3501) en esta categoría. Brasil ocupa el quinto lugar, con 1897 beneficiarios finales. En cuanto a las empresas controladas, clasificadas por país de origen, Argentina ocupa el quinto lugar con 1448 empresas, quedando por debajo de China (que tuvo 1892), Hong Kong (que tuvo 2104), Rusia (que tuvo 3694) y Reino Unido (que tuvo 3936). Estas cifras muestran la magnitud de los delitos financieros en América Latina y el Caribe, y cuán importante es para el sector público y privado tomar medidas efectivas para prevenir, detectar, y responder a los delitos financieros.
Según Transparency International, los documentos identificados en el caso “Pandora Papers” deben crear un nuevo impulso para poner fin al abuso del secreto corporativo durante décadas, y empujar a los reguladores a tomar medidas contundentes. Estas investigaciones llegan en un momento en que el mundo se está acercando a un nuevo estándar global sobre transparencia corporativa, para exigir registros de propietarios de empresas en todo el mundo. Sería una buena práctica tener en cuenta los siguientes principios: hacer que los registros de beneficiarios finales sean un requisito; definir claramente quienes deben entrar en la categoría de “beneficiarios finales”; exigir una verificación independiente de los datos de los beneficiarios finales; cerrar las lagunas que permiten el anonimato: acciones al portador y nominadas, y aumentar la transparencia sobre la propiedad de las empresas extranjeras.
Otro caso impactante es el de Odebrecht. Esta empresa fundada en Brasil en 1944 es la corporación que recibió la sanción económica más grande, aplicada por los EEUU, en relación con la FCPA; la cual asciende a la cantidad de 3560 millones de dólares estadounidenses. La investigación sobre esta empresa incluye sobornos durante el período que se inicia en el 2001 y culmina en el 2016, en el que Odebrecht pagó sobornos a funcionarios públicos, con el fin de recibir la adjudicación de grandes obras públicas, incluidos los siguientes países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, y Venezuela. Un análisis interesante es que el monto total de pagos por soborno identificados fue de US$788 millones, y el total de ganancias obtenidas o gastos evitados, producto de los mismos, fue de US$3336 millones. Así, la relación entre la sanción y los sobornos pagados es 451,89% (US$3.560.868.772 / US$788.000.000) y la relación entre la sanción y la utilidad obtenida producto de los sobornos pagados es 106,74% ($3.560.868.772 / $3.336.000.000). Es un fuerte mensaje de los reguladores, que indican que la corrupción no es un negocio rentable, y este es un incentivo clave, junto con las distintas regulaciones para luchar contra la corrupción que fueron sancionadas en Latinoamérica, para fortalecer la implementación de Programas de Integridad por parte de las organizaciones.
Según estadísticas oficiales, desde 2008 se inició el período más significativo en la aplicación de sanciones de la FCPA; con un monto total de sanciones en el período que abarca desde el 2008 hasta la actualidad, de US$ 27,3 mil millones en comparación con los 30 años previos, que entre 1977 y 2007 implicaron un total de sanciones acumuladas de solamente US$ 7 mil millones. Así mismo, coincide este período de fuerte crecimiento en materia de sanciones, con la publicación en 2009, por parte de la OCDE[12], de las “Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions”. En América Latina es posible identificar que fueron sancionadas regulaciones anticorrupción, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, en los siguientes países: Chile, Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Costa Rica, y Bolivia.
En mi opinión, esto nos muestra claramente cómo la región ha comenzado a adaptarse en término de regulaciones anticorrupción, y si bien, en relación a las sanciones, EEUU es el líder indiscutido, ya es posible identificar un cierto volumen de casos y sanciones en Chile y en Brasil, y es razonable predecir escenarios similares en el resto de los países de la región, en el futuro cercano.
Ambos casos nos muestran que a pesar de que existen esfuerzos globales y locales para prevenir, detectar y responder a los delitos financieros, el actual entorno de negocios de Latinoamérica y el Caribe representa un alto riesgo en materia de corrupción, que las empresas deben evaluar con especial atención, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los países.
Desde el punto de vista de la evolución de las regulaciones para combatir los crímenes financieros, y la efectividad de los mecanismos actuales en contra del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la región, es relevante señalar que de acuerdo con el Informe sobre delitos financieros en América Latina y el Caribe del Global Financial Integrity, en un sistema financiero y comercial global interconectado, la región de Latinoamérica y el Caribe se parece mucho al resto del mundo, actuando como punto de origen, tránsito y destino en las etapas de colocación, estratificación e integración del lavado de activos. Desde la región se envía y recibe dinero ilícito dentro de la región, pero también hacia y desde África, Europa y Asia, principalmente.
Complementando esto con el Índice AML de Basilea, es posible confirmar que la región tiene un puntaje de riesgo general más alto que el promedio, en parte debido a los altos riesgos relacionados con el secreto financiero en las Bahamas, Panamá y las Islas Caimán. Existe una heterogeneidad significativa en la región, demostrado por las diferentes capacidades institucionales de cada uno de los países para mitigar los riesgos vinculados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
También es importante indicar que el 90% de las jurisdicciones evaluadas están catalogadas como “major money laundering jurisdictions” por los EEUU (excepto Turcas y Caicos, y Uruguay). Desde 2020, Antigua y Barbuda, Barbados, República Dominicana, Jamaica y México han mejorado sus calificaciones.
Haití y Trinidad y Tobago, recibieron una puntuación de riesgo más alta debido a mayores riesgos de trata de personas, y Santa Lucía cayó casi un punto completo debido a una mala evaluación del GAFI.
Una iniciativa importante para luchar contra el crimen financiero son las regulaciones relacionadas con los beneficiarios finales, en este caso la región necesita dar pasos fuertes en el corto plazo para aumentar sus niveles de transparencia. Aun analizando las economías más importantes, se identifican casos como el de México y Colombia, donde no existen registros de beneficiarios finales. En el caso de Argentina solo existe uno en la Ciudad de Buenos Aires; y Brasil cuenta con un registro privado al que solo pueden acceder autoridades gubernamentales y organizaciones con obligaciones de reportar potenciales casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Así mismo, de acuerdo con las características transnacionales del Lavado de Activos, hubo esfuerzos consistentes en la región para crear marcos legales apropiados con capacidades institucionales de investigación y persecución. En la región, las principales regulaciones vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, incluyen un enfoque basado en riesgos. Numerosos países de Latinoamérica y el Caribe también han firmado memorandos de entendimiento para compartir información que es especialmente crítica en investigaciones transfronterizas.
Los aspectos más significativos que deben reforzarse para mejorar la efectividad de los mecanismos actuales en contra del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la región deben incluir:
· Implementar registros de Beneficiarios Finales;
· Ampliar el foco de las iniciativas vinculadas con el lavado de activos, incluyendo los diferentes delitos financieros que existen en nuestra región, descriptos más arriba, ya que actualmente el foco principal es el narcotráfico;
· Mejorar los marcos relacionados con las regulaciones anticorrupción y aumentar la aplicación de dichas normativas;
· Profundizar la cooperación con agencias gubernamentales fuera de América Latina y el Caribe;
· Actualizar las evaluaciones de riesgo de financiamiento del terrorismo con base en la situación actual de cada país.
Los espero en la segunda parte de este artículo, para analizar al Fraude Corporativo y compartir mis conclusiones sobre como las organizaciones deben abordar estas problemáticas.
[1] La CCPCJ es el órgano preparatorio de los Congresos de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. Las declaraciones adoptadas durante los congresos se transmiten mediante la CCPCJ y el ECOSOC a la Asamblea General para su aprobación.
[2] La misión de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) consiste en promover el conocimiento sobre la gestión de los recursos naturales, fortalecer la gobernanza y la rendición de cuentas en los ámbitos público y corporativo, y aportar datos que sirvan de sustento para la creación de políticas y el diálogo multipartícipe en el sector extractivo.
[3] La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es un líder mundial en la lucha contra las drogas ilícitas y la delincuencia internacional, además de estar encargada de ejecutar el programa principal de las Naciones Unidas contra el terrorismo.
[4] Es una organización independiente sin fines de lucro dedicada a combatir la corrupción y otros delitos financieros y a mejorar los estándares de gobernanza. El IGB está registrado como una fundación suiza y es un Instituto Asociado de la Universidad de Basilea.
[5] El Grupo de Acción Financiera Internacional, es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8. El propósito de la GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Secretariado de la GAFI está en la sede de la OCDE en París.
[6] El Wolfsberg Group es una asociación de trece bancos globales que tiene como objetivo desarrollar marcos y orientación para la gestión de riesgos de delitos financieros.
[7] En la actualidad, 193 Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General, el principal foro a nivel mundial donde todas las naciones del mundo pueden reunirse y encontrar soluciones compartidas que beneficien a toda la humanidad.
[8] Global Financial Integrity (GFI) es un think tank con sede en Washington DC; centrado en los flujos financieros ilícitos, la corrupción, el comercio ilícito y el lavado de dinero.
[9] Transparency International es un movimiento global que trabaja a través de capítulos nacionales en más de 100 países y una secretaría internacional en Berlín, promoviendo acciones global contra la corrupción.
[10] La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) es una de las organizaciones antifraude más grandes del mundo. Ofrece la credencial de CFE, una de las más reconocidas a nivel internacional entre los profesionales antifraude.
[11] ICIJ es una organización sin fines de lucro con sede en los EEUU, que cuenta con su propio equipo de reporteros, así como también con una red global que abarca 280 reporteros de investigación de más de 100 países y territorios, y con más de 100 organizaciones de medios que trabajan para investigar casos relevantes mundialmente.
[12] La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. La OCDE es un foro único, un centro de conocimientos para la recopilación de datos y el análisis, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas, que en colaboración con gobiernos, trabaja para establecer estándares internacionales y proponer soluciones a diversos retos sociales, económicos y medioambientales.
[13] BDO es una red internacional de firmas de auditoría externa, impuestos y consultoría que realizan servicios profesionales bajo el nombre de BDO en 167 países, con 95.414 personas trabajando en 1.713 oficinas en todo el mundo.
