La controversia del momento, gira en torno a la posibilidad que los recursos obtenidos por las FARC, producto de sus actividades ilícitas, puedan ser legalizados mediante el Decreto Presidencial No. 903 del 29 de mayo de 2017, para ser incluso utilizados en campañas políticas, lo advirtió hace unos días el señor Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez y diferentes generadores de opinión, cuando la califican como la mas grande operación de Lavado de Activos, por tratarse de muchos varios billones de pesos. Pero más allá de la discusión nacional, porque no darle una mirada al contexto internacional y dimensionar el gigantesco riesgo que afrontaría Colombia como nación, de cumplirse los supuestos del decreto en cuestión.
El primer punto de la discusión, es definir si el dinero de las FARC, es en realidad o no, obtenido a través de actividades ilícitas, en este caso no creo haya discusión alguna, el secuestro, la extorsión a personas naturales, grandes empresas de infraestructura y petroleras, la participación en cualquier eslabón de la cadena del narcotráfico, el trafico de armas y el terrorismo como fuente de recursos económicos y que han sido la constante de este grupo armado, se encuentran bastante documentados y sus evidencias han sido recolectadas por las autoridades a lo largo de estos años, además de varias condenas en algunos de estos tipos penales, para los miembros de esta organización al margen de la ley.
La evaluación de la fuerza jurídica del decreto presidencial, es decir la voluntad del señor Presidente de la Republica Juan Manuel Santos, en el marco de el proceso de Paz, le corresponderá a la honorable Corte Constitucional, pero debe más allá de “chambonada” o no, como la han calificado, conciliarse con la política criminal del estado, la normatividad penal nacional y sobre todo las recomendaciones internacionales, que de no cumplirse, serian el inicio de la exclusión del ámbito internacional de nuestra Nación.
Es en este ámbito internacional es en donde se corre el mayor de los riesgos. ¿Como quedaría nuestro País, frente al eventual ingreso a nuestra economía, bancos, medios de comunicación, agencias de publicidad, encuestadores, con conocimiento y aprobación del estado, de dineros derivados de actividades ilícitas tipificadas desde el nacimiento de los acuerdos internacionales como actividades de Lavado de Activos?. ¿En que quedarían los acuerdos internacionales sobre Prevención de Lavado de Activos, La Convención de Ginebra, el Grupo de Acción Financiera Internacional?. ¿Acaso la ONU, OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional e incluso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y La Comunidad Europea, con todas sus exigencias, guardarían silencio?
¿Pasarán de agache los organismos internacionales y se unirán al sueño de La Paz? o ¿Calificarán este hecho como un incumplimiento a los acuerdos internacionales y serán descalificados por inmiscuirse en nuestros asuntos? No lo sé, pero el riesgo es monumental.
Carlos Fernando Salazar S.
Administrador de Empresas
Auditor Forense
Investigador
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