Cuando leí la nota del diario El Tiempo en la sección de Justicia, el pasado 22 de mayo, sentí una profunda tristeza, mas de USD$ 500 millones de dólares cuesta implementar la justicia digital en Colombia, esa cifra en realidad era una sentencia condenatoria, casi a muerte, a cualquier proyecto de digitalizar la justicia en nuestro país, ya que nunca existirá ese presupuesto en la rama judicial para estos fines. Sin embargo, este sentimiento solo duró un poco menos de 24 horas, porque justo al día siguiente en el mismo diario y en la misma sección, se registra la noticia que el Juzgado Promiscuo de Puerto Rico, Caquetá, con un presupuesto de un poco más de $ 3 millones de pesos y bajo el liderazgo innovador del oficial mayor, a quien llaman “el ingeniero” aunque es abogado, no solo había logrado digitalizar sus expedientes, crear salas de audiencias virtuales, crear canales electrónicos para las comunicaciones y radicación de documentos, incluso, el acceso a las todas las partes vía web, esto es Fiscalía, Ministerio Público, procesados y otros, sino que además prestaba su infraestructura para otros juzgados, nota que me devolvió la esperanza.
Bien, entonces con una visión crítica propia de los auditores forenses, la cual es imposible de abandonar, incluso al leer noticias, por cierto, digitales; surgen algunas breves reflexiones. La primera de estas nace de tomar los USD$ 500 millones de dólares y dividirlos entre los aproximadamente 5.000 funcionarios de la rama judicial con cargo de jueces y magistrados, esto es USD$ 100.000 dólares o $ 400 millones de pesos colombianos por juzgado, juez o magistrado, si comparamos esta cifra con los poco más de $ 3 millones de pesos que invirtió el Juzgado Promiscuo de Caquetá al iniciar su proceso de digitalización en sus funciones, comenzamos a evidenciar un gran desfase del presupuesto anunciado, reconociendo obviamente que digitalizar la justicia no es solo digitalizar los juzgados. Pero además también, si en realidad el enfoque de tratar de implementar de una sola vez la transformación digital de la justicia, es el único camino viable.
Es claro y entendible que el Consejo Superior de la Judicatura para lograr diseñar e implementar la transformación digital de la justicia, con el uso de nuevas tecnologías en la parte administrativa y cultura organizacional, en la estructura y actualización de ese retraso inmenso en la administración de la justicia, pero también y siendo más objetivos en la digitalización de archivos físicos, creación del expediente digital, así como los estándares digitales para el acceso y trámite de los procesos judiciales, integrados en una plataforma segura y eficiente, además de un óptimo servicio de internet y capacitación, y de otro lado, implementar el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial que permitan al Juez agilidad en el análisis de datos en el expediente digital, la consulta de jurisprudencia y quizás algún día, el debatido tema de la predicción de fallos, entre otros, requiere recursos económicos con un presupuesto fortalecido.
Pero otra de las reflexiones es que también es claro que debemos seguir el ejemplo de países como Perú y Argentina, vecinos cercanos que están transitando el camino de la digitalización de la justicia, e incluso de España, quien también va por el mismo camino y quienes aplicaron al proceso de modernización la gradualidad, transformando procesos digitales inicialmente en algunas de sus funciones, casi todos iniciaron el camino de las notificaciones on line, hasta lograr que el 100% efectivamente se hiciera de manera digital, posteriormente la radicación electrónica de documentos como, denuncias, demandas, escritos de acusación, tutelas y otros. Luego, como ya lo vimos en Caquetá, la creación de micrositios web o salas virtuales de audiencias públicas, en donde además de las partes podrían ingresar un número determinado de ciudadanos en calidad de público.
Lo más importante es que la digitalización llegue al Juez, Juzgado o Tribunal, que este agilice, descongestione, mejore el acceso a sus grupos de interés, a las partes, funcionarios, procesados, litigantes y ciudadanos, eso cuesta mucho menos, si tuviéramos como fuente los poco más de $ 3 millones de pesos que citan como costo en Puerto Rico, Caquetá, para cada Juzgado serían $ 15 mil millones de pesos, tan solo un poco menos de USD$ 4 millones de dólares, menos del 10% de los aterradores USD$ 500 millones de dólares anunciados, claro está, seguramente por el principio de economía a escala y al ser administrados todos bajo una misma plataforma, por ejemplo en la nube, el costo se reduciría en cerca del 30 o 40%, aproximadamente $ 10 mil millones de pesos. Así que la invitación a todos, quienes de una forma u otra tenemos interés en la administración de justicia, porque no queda otro camino, es la gradualidad, la innovación y seguir el ejemplo de Michael González, oficial mayor del Juzgado Promiscuo de Puerto Rico, Caquetá, quien aceptó el reto de aplicar la tecnología y lo logró, digitalizó las funciones del juzgado.
Carlos Fernando Salazar S.
Administrador de Empresas
Auditor Forense
Investigador
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